En la recta final de la campaña electoral para la presidencia de Colombia cada movida política tiene un efecto directo en los electores. Y la fallida suspensión temporal del presidente Gustavo Petro así lo demuestra. Aunque el mandatario nunca estuvo en riesgo de ser apartado de su cargo, la sola posibilidad agitó el tablero para la segunda vuelta el 21 de junio.
Para algunos sectores de la oposición, y del movimiento Defensores de la Patria que lidera el candidato Abelardo De La Espriella, todo se trató de una jugada estratégica para posicionar a Petro como víctima y que eso le sirviera a su candidato Iván Cepeda, del partido de gobierno Pacto Histórico.
“La suspensión de Petro es un auto atentado legislativo. Lo he venido advirtiendo, Petro se quiere robar las elecciones. ¡No lo vamos a permitir!”, sostuvo De La Espriella en un pronunciamiento público una vez conocida la resolución de la Representante a la Cámara Gloria Arizabaleta en la que se ordenaba la suspensión temporal de Petro hasta el 21 de junio. Arizabaleta hace parte del movimiento político La Fuerza de la Paz, de la coalición del partido oficialista Pacto Histórico
Para quienes defienden al mandatario, en cambio, fue un intento por sacarlo del camino violando la constitución y las leyes.
“En derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente. Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante”, manifestó el ministro del interior Armando Benedetti el miércoles.
Este es un capítulo inédito de tensión institucional, a pocos días del balotaje en el que los colombianos decidirán en las urnas quién será el reemplazo de Petro a partir del próximo 7 de agosto. Lo que comenzó como la filtración de un borrador de resolución en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes terminó desinflándose como un intento fallido y jurídicamente inviable.
“Emitir una decisión de este tipo, señalar que no admite recurso y darle trámite ante el Senado constituye un precedente perverso para nuestro sistema institucional. Pues de admitirse tal teoría, en el futuro cualquier Representante de la Comisión de Acusaciones podría suspender a cualquier aforado constitucional (presidente, fiscal General o magistrado) por el término que desee con base exclusivamente en una decisión unilateral sin llevarlo ni siquiera al pleno de la misma Comisión de Acusaciones y ese exceso de poder jamás lo previó nuestra Constitución Política de Colombia para un Congresista de la República”, sostuvo Alirio Uribe, Representante a la Cámara por el partido de gobierno Pacto Histórico y miembro de la Comisión de Investigación y Acusaciones.
A pesar de no haberse materializado, el episodio detonó un sismo político cuyas réplicas afectarán la narrativa electoral a poco más de una semana de que los ciudadanos acudan a las urnas. “En este momento crítico de la carrera electoral nada es fortuito. Y menos lo que involucre al presidente de la república. Petro ha venido interviniendo en política a favor de su candidato Cepeda de manera directa. Y esta medida fallida lo habría habilitado para estar en las calles, en la plaza pública al lado del candidato de su partido Pacto histórico que debe buscar más de un millón de votos para poder ganarle a De La Espriella el 21 de junio”, le dijo a CNN el analista político Óscar Montes.
El debate jurídico duró menos de 12 horas antes de que quedara en claro que el fuero presidencial tiene mecanismos legales que protegen al mandatario de una iniciativa como la de la representante Arizabaleta.
Pero sectores de la oposición han insistido en reiteradas ocasiones que el jefe de Estado vulnera las garantías democráticas al intervenir en la contienda a través de pronunciamientos públicos en redes sociales y eventos oficiales. “¿Cuál sería el efecto? Pues una cosa muy extraña. Que a Petro, que lo están investigando por intervenir en política, le darían permiso para intervenir en política justamente los días finales de elecciones. Mejor dicho, esto es mucho humo que nadie sabe a quién le conviene”, argumentó la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, del partido de derecha de oposición Centro Democrático.
Este jueves la Procuraduría General de la Nación suspendió de su cargo a la Representante a la Cámara Gloria Arizabaleta por haber ordenado la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro sin tener las facultades para hacerlo.
Según la entidad, que en Colomba realiza el control disciplinario de los funcionarios en cargos públicos, la congresista habría cometido una falta gravísima. “No es más que el desarrollo de la política que rechaza la indebida participación en política de los funcionarios públicos, el respeto por las normas de las elecciones y la defensa por el estado de derecho que la constitución le encarga a la Procuraduría en particular”, dijo este jueves en conferencia de prensa el procurador Gregorio Eljach, al referirse a la suspensión de Arizabaleta, quien actualmente se desempeña como presidenta de la Comisión de investigación y Acusaciones del congreso de Colombia.
Hasta el momento no hay un pronunciamiento público de la congresista sobre la suspensión de la Procuraduría. CNN ha pedido una reacción a esta medida, pero no hemos obtenido respuesta.
El registrador nacional, Hernán Penagos, encargado de realizar y garantizar el proceso electoral, ha mostrado su preocupación por la demora en el reconocimiento y aceptación de los resultados electorales por parte del presidente Petro e insistió en la transparencia de las elecciones en Colombia, que fue ratificada por las misiones de observación internacionales y nacionales tras el escrutinio de la primera vuelta. “Yo he llamado a todos los actores y a las campañas políticas a que, por favor, respetemos los resultados y acudan a los canales jurídicos como ocurre en cualquier democracia”, afirmó el registrador en una declaración pública el 9 de junio.
Estos días previos a la segunda vuelta electoral serán muy complejos en lo jurídico, lo político y lo social en Colombia. Los dos candidatos, Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda se juegan el todo por el todo en las plazas públicas, en las redes sociales y en los estrados judiciales en donde permanentemente han interpuesto tutelas, denuncias y emplazamientos para tratar de obtener conquistas mediáticas y ganar votos de los indecisos y de sectores de centro que no se identifican ni con la derecha ni con la izquierda.
La fallida suspensión del presidente Petro deja en evidencia la profunda polarización y el desgaste de los poderes institucionales en el país. Al final, la ligereza con la que se planteó una medida de tal gravedad terminó poniendo a Petro en primera plana de las noticias y tendencias y sirviendo de combustible emocional para una campaña que tiene a los colombianos a la expectativa por los resultados finales. A las puertas de la segunda vuelta, el debate ya no solo se da por las propuestas de gobierno de los candidatos, por los números de asistentes a los eventos públicos y por los números que muestran las encuestas, sino por la legitimidad misma de las reglas del juego democrático.
