Por: Alejandra Isabel González
La Universidad Autónoma del Caribe, que durante 59 años ha sido referente académico en el Caribe Colombiano, atraviesa uno de sus capítulos más inciertos de su historia reciente.
De iniciarse como una crisis financiera e infraestructura hace más de una década, ha escalado a la cima de una batalla jurídica, cuya relevancia cobra fuerza tras declararse el fallo en primera instancia de un juzgado de Barranquilla -con funciones de control de garantías- que ordenaba el restablecimiento de derechos a la exrectora Silvia Gette Ponce.
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Esta decisión otorgada por un Juez Segundo Penal Municipal de Control de Garantías, le permitía a Getter asumir las riendas de la institución de manera inmediata al ser de carácter devolutivo y no suspensivo.
Según su defensa, liderada por la abogada Bianith Bohórquez, esta se fundamenta en que su salida en 2013 habría sido ilegal. La exrectora fue condenada en mayo de 2019 a 63 meses de prisión por abuso de confianza calificado tras transferir un millón de dólares de la universidad a una cuenta personal.
Dicha sentencia fue confirmada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia en 2022.
Un fallo que no cayó bien para la administración vigente, que sostiene que el restablecimiento de derechos de la exrectora ponen en riesgo la realidad normativa institucional que ha regido durante los últimos 13 años, al verse comprometidos los llamados “Institutos de Salvamento”.
Hasta la fecha, esta alternativa ha mantenido a la universidad a salvo de una liquidación inminente, a raíz de deudas que ya superan los 200 mil millones de pesos colombianos.
El actual rector Jorge Senior y el apoderado judicial de la institución, el abogado Rafael Pacheco, manifestaron que han incurrido a instancias legales con el fin de que el fallo sea revertido. Este último argumenta que el restablecimiento del derecho solamente puede darse cuando las condiciones fácticas lo permiten.
“No se puede reconstruir el pasado ignorando que la señora Gette fue desvinculada por justa causa y que existe una condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia por abuso de confianza agravado. No hay resocialización plena cuando no se ha pagado la multa ni se ha devuelto el millón de dólares que se extrajo de las arcas de la institución”, sentenció el abogado Pacheco.
A su vez, advirtió que el juez de primera instancia incurrió en una “vía de hecho” al pretender desconocer las resoluciones del Ministerio de Educación Nacional que prohíben expresamente a personas con antecedentes penales dirigir instituciones de educación superior.
“No se puede posicionar un rector sin incurrir en ellos siendo vulnerados. Hay dos normas que se mantienen en la universidad. Primero que toda persona que sea condenada por delitos dolosos no puede ocupar la rectoría. Y lo otro lo sostiene el mismo juez; él dice que está en vigencia el acuerdo 131 del 2003. Pero es que hay unas inhabilidades e incompatibilidades. Cogiendo la misma norma de la quo, que dice que cuando una persona es desvinculada de la universidad por justa causa, no puede ocupar la rectoría porque se presenta una incompatibilidad y una inhabilidad. Y lo más importante, ella fue condenada por un delito doloso”, sentenció el apoderado jurídico de la Uniatónoma.
Por su parte, Jorge Senior elegido a la rectoría (2026-2030) el 9 de marzo en medio de un proceso cuestionado al contar seis de los nueve votos del Consejo Superior, ha calificado la situación como una amenaza a la institucionalidad; al cuestionar los límites de las facultades del juez penal y defendiendo la vigencia del actual estatuto general de la institución.
Senior advierte que la mayor preocupación radica en la estabilidad financiera, dado que la universidad sobrevive gracias a la Ley 1740 y a los denominados “institutos de salvamento”, un blindaje estatal que impide que los acreedores embarguen los bienes por deudas históricas.
“Sin esos institutos de salvamento que empezaron en 2018 la Universidad Autónoma del Caribe no existiría hoy. Cuando la empresa está protegida y en este caso la universidad está protegida por el Instituto de Salvamento, eso salvaguarda y permite la subsistencia de la universidad. A pesar de las deudas que arrastra desde mucho antes de que yo llegara a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe”, explicó el rector.
Asimismo, el fallo de Gette pretende restaurar una “Sala General” y unos estatutos que desde 2013 no existen. Hoy la institución educativa superior se rige bajo una vigilancia especial del Ministerio de Educación y cuenta con un Consejo Superior que es su máximo órgano de dirección, esto implicaría que la universidad estaría en un vacío legal absoluto y a merced de procesos ejecutivos.
“Es un fallo que desconoce esa realidad de la intervención del Estado y de la protección de los institutos. Es altamente peligroso porque con toda seguridad todos los acreedores están atentos y ya listos para actuar sobre la universidad en caso de que esos institutos de salvamento dejen de jugar su papel. Más aún en esta administración, en cabeza del doctor Jaime Díaz en Oficina Jurídica, amplió e incluyó una serie de bienes de la universidad que estaban desprotegidos para que quedaran precisamente protegidos, salvaguardando los intereses de la Universidad Autónoma del Caribe”, ratificó el rector a cargo.
La principal acción que mantiene a Silvia Gette fuera de la rectoría no fue interpuesta directamente por las administración actual, sino por el Ministerio de Educación Nacional.Como medida provisional se interpuso una acción de tutela alegando la protección del derecho a la educación y la institucionalidad, logrando la orden de un juez de suspender provisionalmente los efectos del fallo dictado el 8 de abril.
Asimismo, la Impugnación de Competencia interpuesta por la defensa del alma máter pretende hacerle frente al fallo, al sostener que un juez de garantías no posee la competencia para anular actos administrativos del Ministerio, ni para remover a un rector elegido legítimamente por un Consejo Superior.
Ante el deterioro de la infraestructura y la crisis financiera aguda, la administración adelanta el Proyecto de Ley 338 de 2025 radicado en el Congreso, el cual pretende modificar la naturaleza jurídica de la universidad para convertirla en pública.Esta iniciativa es vista como una salida estructural frente al descalabro patrimonial registrado en administraciones anteriores y salir a flote en medio de la tormenta jurídica que ha empañado la visión de “Ciencia para el progreso” que concibió el fundador Mario Ceballos Araújo.
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