El Gobierno de Estados Unidos reaccionó a las amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia con un mensaje directo: habrá consecuencias severas para quienes intenten atacarlos.
La advertencia fue hecha por Michael Kozak, encargado del Departamento de Estado para América Latina, durante una audiencia del subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes.
El pronunciamiento se dio tras una intervención de la congresista María Elvira Salazar, quien mencionó las intimidaciones contra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. En respuesta, Kozak afirmó: “quienes estén pensando en hacerles daño se enfrentarán a un castigo terrible si tan solo lo intentan”.
Kozak explicó que Estados Unidos mantiene comunicación constante con las autoridades colombianas para evitar que las amenazas se conviertan en hechos. Según dijo, la prioridad es impedir cualquier acercamiento que ponga en riesgo a los candidatos.
“Estamos trabajando para que nadie se acerque lo suficiente como para siquiera intentarlo”, señaló el funcionario, al referirse a las acciones conjuntas en materia de seguridad.
Las advertencias de Estados Unidos se producen después de la difusión de mensajes intimidatorios contra candidatos de oposición. Entre estos hechos, circularon imágenes de aspirantes con coronas fúnebres y mensajes de “descanse en paz”, lo que incrementó las alertas sobre su seguridad.
Además del rechazo de distintos sectores políticos, el caso generó preocupación internacional por las condiciones en las que se desarrolla la campaña.
El Departamento de Estado ya había expresado su “profunda preocupación” por estas amenazas y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia contra candidatos.
Frente a este panorama, el Gobierno colombiano ha intensificado las medidas de seguridad para los aspirantes. El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se han implementado esquemas de protección reforzados, con equipos de hasta diez integrantes de la Fuerza Pública.
Según explicó, estas acciones buscan garantizar la seguridad de los candidatos durante la campaña y reducir los riesgos asociados al contexto de orden público.
El acompañamiento estatal incluye medidas para prevenir delitos electorales y mantener condiciones de seguridad en el desarrollo de las elecciones.
