El cantante puertorriqueño Bad Bunny atraviesa un nuevo capítulo en la disputa legal que sostiene con su expareja, Carliz de la Cruz Hernández. Se conoció que el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó un recurso presentado por la defensa del artista, lo que permite que la demanda interpuesta por la abogada continúe su curso en los tribunales.
La decisión no representa un fallo sobre el fondo del caso ni establece responsabilidad alguna por parte del intérprete de ‘Tití me preguntó’. Sin embargo, sí abre la puerta para que el proceso judicial siga avanzando y se analicen las reclamaciones presentadas por De la Cruz.
La demanda gira alrededor de la conocida frase ‘Bad Bunny, baby’, que desde hace años forma parte de la identidad sonora del artista. Según la versión de la demandante, fue ella quien grabó ese audio en 2015, cuando ambos mantenían una relación sentimental y Benito Antonio Martínez Ocasio aún no alcanzaba el reconocimiento internacional del que hoy goza.
De acuerdo con el expediente, la grabación habría sido realizada a petición del propio cantante para incorporarla a su proyecto musical. No obstante, Carliz de la Cruz sostiene que la frase terminó siendo utilizada en canciones como ‘Pa Ti’ (2017) y ‘Dos Mil 16’ (2022), además de presentaciones en vivo, sin que existiera una autorización formal para su explotación comercial.
Como parte de la acción judicial, la abogada reclama una compensación económica que, según ha trascendido, sería de al menos 40 millones de dólares. La demanda también incluye señalamientos relacionados con los efectos personales que, asegura, le ha generado la amplia exposición pública del caso, entre ellos ansiedad, angustia y situaciones de intimidación.
Medios puertorriqueños han informado que, años atrás, el equipo del artista habría intentado resolver la disputa mediante un acuerdo económico extrajudicial. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el proceso continuó hasta llegar a las más altas instancias judiciales de Puerto Rico.
Con esta reciente decisión, el caso regresa a los tribunales para continuar su trámite. Será en las siguientes etapas del proceso donde se determine si existió un uso indebido de la grabación y si la reclamación económica presentada por la demandante tiene fundamento legal.
