La investigación, que según el medio comenzó en 2025 y que se conoce en medio de la participación de la selección argentina en el Mundial -clasificada para cuartos de final, que disputará este sábado contra Suiza-, busca determinar si alguna de las operaciones de la AFA en Estados Unidos representan un delito.
Se analiza en particular el mecanismo de cobro de contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías a través de la empresa TourProdEnter LLC, y, según La Nación, la Justicia estadounidense indaga si sus actividades califican como lavado de activos o incluso fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Como parte de la pesquisa, los investigadores han mantenido un encuentro reciente con el empresario Guillermo Tofoni, que ha denunciado a la AFA por corrupción, y analizan convocar también a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei, que mantiene un conflicto abierto con la entidad rectora del fútbol argentino.
La tensión entre el Gobierno y la AFA -cuyos líderes están en las antípodas ideológicas- lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de Milei de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, algo que rechazaron de plano tanto la AFA como la mayoría de los clubes.
La AFA es investigada también por la Justicia argentina, donde un tribunal de alzada de Argentina confirmó el pasado 26 de junio el procesamiento tanto del organismo como de su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa en la que se investiga a la organización y sus directivos por fraude fiscal.
Los procesamientos habían sido dictados el pasado 30 de marzo por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social de más de 19.000 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares).
Con la ratificación del procesamiento dictado por la Cámara en lo Penal Económico, la causa dio un paso más hacia un eventual juicio oral.
Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo del Mundial, viaje para el que requirió una autorización judicial.
La investigación comenzó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En marzo de este año la AFA aseguró en un comunicado haber presentado «todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia».
