- El alto tribunal suspendió provisionalmente apartes del decreto que permitían trasladar $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al considerar que el Gobierno habría excedido sus facultades al modificar el Presupuesto General de la Nación sin autorización del Congreso.
La decisión fue adoptada por el Consejo de Estado tras admitir una demanda de nulidad simple contra dos disposiciones del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, expedido por el Gobierno nacional para atender la declaratoria de desastre por el fenómeno de El Niño.
Con ese decreto, el presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de $4 billones que estaban destinados al programa ‘Colombia Solar’, del Ministerio de Minas y Energía, hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La demanda fue presentada por María Clara Posada, quien cuestionó la legalidad del acto administrativo. Al analizar el caso, el Consejo de Estado concluyó, de manera preliminar, que el Gobierno invadió una competencia exclusiva del Congreso, al autorizar modificaciones en la distribución del presupuesto mediante un decreto ordinario.
Según la providencia, el Ejecutivo no se limitó a reglamentar la ejecución de recursos ya aprobados, sino que habilitó al Ministerio de Hacienda para realizar traslados presupuestales indeterminados, sin encontrarse en un estado de excepción y sin contar con una autorización legal previa.
El alto tribunal también señaló que el artículo 50 de la Ley 1523 de 2012 no faculta al Gobierno para efectuar este tipo de traslados, sino que establece que el Ministerio de Hacienda debe garantizar, dentro del trámite ordinario del presupuesto, los recursos necesarios para el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Además, la Sala advirtió que el decreto permitía a la UNGRD ejecutar los recursos sin adelantar procesos de licitación, autorizando negociaciones directas en la contratación, motivo por el cual ordenó la suspensión provisional de los apartes demandados mientras se resuelve de fondo la legalidad del decreto.
