El funcionario había que el traslado de ‘Castor’ ya estaba autorizado, mientras que el de Digno Palomino fue descartado a primera hora. Ya este sábado 10 de enero, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, lo había confirmado, asegurando que “no van a un hotel”. En las últimas horas, a esa lista se había sumado el ‘Negro Ober’, señalado cabecilla de Los Rastrojos Costeños.
Sin embargo, el alcalde Char rechaza esta medida, argumentando que “no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. No se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios”.
Además de las víctimas, el mandatario distrital menciona la falta de apoyo del Gobierno nacional a la ciudad en seguridad, por lo que se han invertido 150 mil millones de pesos con recursos propios; y cuestiona la decisión de este traslado en temporada de precarnaval y Carnaval. Por último, convocó a una reunión “urgente” entre los entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, el gobernador Eduardo Verano y el Ministerio Público.
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Tras este pronunciamiento, llegó la respuesta del presidente Gustavo Petro: “No se le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”.
El panorama que se vive es complejo, pese a la tregua pactada hasta el 20 de enero, si se tiene en cuenta las cifras de muertes violentas con las que arrancó el año 2026 en Atlántico. A corte de este domingo 11 de enero, se registran 33 casos, es decir, tres muertos en promedio diario. De esos 33, 26 fueron sicariatos, según datos que aporta el expersonero e investigador Arturo García Medrano.
Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, convocó la intervención urgente de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, solicitando su presencia y actuación contundente en el territorio para garantizar el control institucional, la transparencia y la seguridad de todos los atlanticenses.
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El mandatario departamental pidió que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el procurador Gregorio Eljach y la defensora del Pueblo, Iris Marín, lideren un seguimiento estricto a las condiciones y alcances de estos traslados.
“Solicitamos información completa y verificable sobre los criterios de este traslado. Una decisión de esta magnitud debe ir acompañada de garantías sólidas. La articulación con los entes de control nacional es indispensable para asegurar un seguimiento riguroso que proteja la convivencia en el departamento”, enfatizó Verano.
El investigador y académico Luis Fernando Trejos dijo a que “es muy grave que se tomen esas decisiones desde Bogotá sin coordinarse con las autoridades locales, ni analizar los posibles impactos de esos traslados y si tenemos capacidad carcelaria para contenerlos”.
En ese sentido, dirigió una serie de preguntas al Gobierno nacional. “¿Qué medidas contempla para que los criminales no consoliden su control sobre las cárceles El Bosque y La Modelo? ¿Cómo piensa evitar o garantizar que estos grupos no incidan en las dinámicas político-electorales de 2026? ¿Fortalecerá o apoyará a las administraciones distrital y departamental en el ataque a las finanzas criminales? ¿Qué rol jugarán las víctimas de estas organizaciones criminales en la mesa de diálogo? ¿La sociedad civil tendrá una participación real o solo se convocará para la validación de las decisiones que se tomen en Bogotá? Sin un marco jurídico vigente que regule el sometimiento a la justicia, en periodo electoral y a siete meses de finalizar su mandato, ¿qué está negociando el Gobierno con los grupos criminales que operan en Barranquilla?”.
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A su turno, el director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, Janiel Melamed, aseguró en este medio que el Gobierno nacional usa una “falsa narrativa de paz” en plena etapa electoral, para justificar el traslado.
“Le lava la cara a la agenda de paz total atribuyéndose la disminución de homicidios en Barranquilla sin mencionar que en el primer semestre del año ya se evidenciaba una tendencia de desaceleración de homicidios por la acción de autoridades locales y sin mencionar tampoco que el aumento de homicidios en el Atlántico para 2025 fue del 65 % frente al año anterior, es decir, 129 homicidios en total (61 más que en el 2024)”, expresó.
Melamed agregó: “Están vendiéndole a la ciudadanía falsas expectativas, frente a lo que es más una paz mafiosa pactada para mantener temporalmente bajos los indicadores de homicidios en clave electoral. Este proceso no cuenta con marco jurídico que le dé piso normativo de fondo. Esto va a salir mal y será responsabilidad del Gobierno nacional”.
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Entre tanto, Alejandro Blanco Zúñiga, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Libre seccional Barranquilla, manifestó que esa fase inicial -la antesala de lo que podría convertirse en una mesa sociojurídica- se ha movido con un “hermetismo casi total”. Y ese silencio no solo obedece a “reservas institucionales”, sino que ve “una lógica política frente a la información”.
“Todo indica que la Administración local está excluida de las decisiones fundamentales, en general esto explica la molestia del alcalde Char”, dice Blanco.
Algunas de las otras reacciones presentadas son por ejemplo del presidente de la Asamblea del Atlántico, Estéfano González, quien señaló que este tipo de decisiones deben contar necesariamente con la participación de las autoridades locales y departamentales, “que son las encargadas de mantener la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”.
Advirtió, que los esfuerzos de la Alcaldía Distrital y la Gobernación del Atlántico para combatir el accionar de las estructuras criminales podrían verse afectados si estas decisiones no cuentan con un marco legal claro y la participación activa de las autoridades locales, “no como simples observadores, sino como autoridades legalmente constituidas y responsables de garantizar la seguridad y el bienestar colectivo”, indicó.
Por su parte, el precandidato presidencial Abelardo De la Espriella manifestó que, bajo su mirada, la idea del traslado es “tan criminal como vil e infame con las víctimas del país”.
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Cuestionó que pretender trasladar a las cárceles de Barranquilla a los “delincuentes más peligrosos y sanguinarios de la ciudad”, es sentarse a negociar con ellos como si fueran señores decentes. Y añadió, que esto es dejar que “el hampa se tome las calles enteras para presionar y amedrentar hasta lograr el triunfo de sus listas al congreso y de su heredero político: Iván Cepeda”.
David Luna, también precandidato, manifestó que “el alcalde Alejandro Char ha invertido en seguridad, tecnología y fortalecimiento de la fuerza pública” e inmediatamente se cuestionó: “¿Y así le responde Petro? Trasladando criminales de alto riesgo a cárceles sin seguridad, poniendo en riesgo a toda la ciudad”.
Luna le criticó que “mientras dice hablar de derrotar al narcotráfico con Trump, en Colombia, fortalece a los mismos narcos que extorsionan, matan y envenenan con droga a niños en las calles”.
