Uno de los debates más sonados de octubre es el de la ley 295 de 2025 que, curiosamente, tenía una unión inusitada de varias bancadas en el Congreso para sacarlo adelante.
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Por ejemplo, el proyecto cuenta con el apoyo de unos 60 congresistas de diferentes colectividades, entre los que se cuentan Lidio García, Paloma Valencia, Clara López, Ariel Ávila, Jahel Quiroga, Julio Elías Chagüí, Julián Gallo, Carlos Benavides y Carlos Fernando Motoa.
Justamente, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate ese proyecto de ley, que tiene como gran objetivo restringir la participación de familiares cercanos a los alcaldes y gobernadores en las elecciones al Congreso. Varios parlamentarios han expresado que esta iniciativa es importante para el país, ya que busca evitar la concentración del poder político en manos de familias tradicionales en la política nacional.
Alejandro Carlos Chacón, senador ponente del proyecto, señaló que es una buena manera de reforzar los principios de transparencia y equilibrio institucional, para depurar el Congreso del poderío marcado de algunas familias.
El texto presentado por Chacón señala que si un alcalde o gobernador está en su cargo y su cónyuge, pareja o familiar cercano (hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil) se lanza al Congreso o resulta elegido, el mandatario deberá renunciar a su cargo por incompatibilidad que, en algunos casos, podría hacer que use su poder para favorecer a un familiar.
El objetivo, de acuerdo con el ponente, es “impedir el nepotismo electoral y la captura familiar del Estado”, pero resaltando que el proyecto de ley no busca limitar los derechos políticos de los gobernantes, sino garantizar que “el poder público no se herede ni se use en beneficio propio”.
La radicación de este proyecto de ley permitiría modificar la Ley 136 de 1994 y la Ley 2200 de 2022, para “establecer una incompatibilidad sobreviniente para alcaldes y gobernadores por parentesco con congresistas”.
El documento firmado por los senadores señala que cada uno de los congresistas debe “revisar minuciosamente posibles conflictos de interés para conocer y votar” el proyecto, por lo que en caso de existir algún conflicto, es su “responsabilidad manifestarlo al Congreso de la República”.
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Luego de superar su primer debate, la iniciativa pasará a la plenaria del Senado, donde deberá consolidar apoyos para avanzar en su trámite hacia la Cámara de Representantes y, finalmente, convertirse en ley con la sanción presidencial.
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