En medio del escándalo que suscitó el hallazgo de correos y documentos que presuntamente señalan al general Juan Miguel Huertas y a Wílmar Mejía, funcionario de la DNI, de ser responsables de la infiltración que habría hecho las disidencias de ‘Calarcá’ en estas dos instituciones, la Procuraduría General ordenó la suspensión provisional del cargo que cada uno desempeña.
El pasado domingo, 23 de noviembre, Noticias Caracol reveló los archivos que indicarían, supuestamente, que Huertas y Mejía habrían proporcionado información confidencial a miembros de dicho frente para evadir redadas de la Fuerza Pública.
Los hallazgos, que incluyen conversaciones, correos y documentos de inteligencia, generaron una ola de cuestionamientos, denuncias institucionales y graves implicaciones para la estabilidad de la política de seguridad y paz del país.
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Dicha hipótesis es la que pretende indagar el Ministerio Público, además de determinar si los dos funcionarios entregaron orientación a los integrantes de esta estructura que opera en Antioquia y el Catatumbo para crear empresas fachada de seguridad privada con el fin de legalizar el porte de armas.
Por ello, el ente de control, encargado de vigilar la función de los servidores públicos, decidió relevarlos de sus respectivos puestos durante tres meses de manera provisional con el fin de evitar una posible alteración o entorpecimiento en la recolección de pruebas de su parte durante la investigación.
La resolución se suma a la indagación penal que abrió la Fiscalía General de la Nación en días pasados, ante la posibilidad de “cooptación” de agentes estatales por redes criminales.
En 2022, el director del Comando de Personal del Ejército (Coper) se retiró cuando el general Enrique Zapateiro lo llamó a calificar. Posteriormente, fue reincorporado con la llegada del presidente Gustavo Petro como jefe de Estado, donde recibió una posición estrategia militar con potestad de ordenar ascensos y nombramientos.
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