Una de las principales preocupaciones que tienen las personalidades de la vida política colombiana es a los atentados y ataques que se puedan presentar, mientras ejercen sus labores en las calles o espacios privados de las distintas ciudades y municipios del país.
En el primer semestre del año se presentó un estudio sectorial publicado por la Contraloría General de la Nación, en el que quedó en conocimiento de los colombianos cómo se lleva a cabo la distribución del presupuesto de la UNP que, para este año, llegó a valores cercanos a los 2.6 billones de pesos según su director, Augusto Rodríguez.
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Así las cosas, también salió a la luz que el 93 % del presupuesto de esa entidad se invirtió en los esquemas de seguridad individuales, mismos a los que se acogen presidentes, expresidentes, senadores, representantes a la Cámara, concejales y hasta líderes sociales que ven amenazadas sus vidas en cada una de las regiones de Colombia.
La Contraloría señaló que “los expresidentes son un grupo que recibe una gran cantidad de recursos y tiene apenas 19 beneficiarios, en comparación con poblaciones más representativas objeto también de protección, como periodistas y comunicadores (158)”.
Esa alerta dejó al descubierto que el costo de las medidas de protección para expresidentes, exvicepresidentes y sus familias ascendió a los 29.434 millones de pesos en 2023 (último año auditado por la Contraloría), pero que para este año pudo haber subido.
Otra población con alto blindaje en el país es la de los congresistas. En 2023, ese grupo recibió un incremento de recursos que no es del todo agradecido por los legisladores. El costo de su seguridad aumentó un 12,7 %, cerca de más de 14.000 millones de pesos, pero el número de protegidos bajó. Para 2024, fueron mas de 94.000 millones de pesos los que se invierten para cuidar a los llamados ‘padres de la patria’.
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Esa cifra, desglosada, incluye en promedio 2,12 vehículos, 1,55 personas de protección y 0,06 chalecos antibalas por persona.
Por otra parte, las comunidades étnicas, quizá la población más representativa en la ruta de protección colectiva, también tiene costos anuales altos. Y es que por beneficiario, ascendió a 279,3 millones durante el año 2023. Los esquemas de este grupo incluyeron, en promedio, 6,74 equipos de comunicación, 1,83 personas de protección, 0,83 vehículos y apenas 0,06 botones de apoyo.
En las últimas horas, Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial, afirmó que demandaría a la UNP por la reducción de su esquema de seguridad, aunque la entidad le respondió que no es cierto que la Presidencia de la República haya pedido el desmonte o la reducción de ese grupo de guardias que lo acompañan y dio tranquilidad a los demás precandidatos sobre su protección en las campañas que emprendieron.
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