La movida política del presidente Gustavo Petro y el Gobierno Nacional sigue siendo el eje más activo de discusión en el país, incluso cuando se vive la ansiada temporada de final de año en la que la cabeza de muchos colombianos parece estar enfocada en los regalos, vacaciones y despedidas familiares y empresariales.
A muy pocos días de que termine el año 2025, la polémica corre por cuenta del jefe de Estado quien propuso un “impuestos para los megarricos” de Colombia en el que, según su apreciación, solo las familias más adineradas deberían contribuir. Pero esa propuesta cayó bastante mal en parte del país, pues Álvaro Uribe salió a criticar la propuesta al creerla inconveniente para la realidad económica.
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Apenas unos días después, el nuevo sacudón político se dio con un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda que RED+ NOTICIAS conoció en primicia y en el que quedarían por escrito los nuevos impuestos que los colombianos pagarían el próximo año, como sería el caso del 4×1000 que pasaría a convertirse en 5×1000, entre otras medidas de impacto para el bolsillo de los colombianos.
Esas medidas pensadas por el presidente Petro estarían enmarcadas en su deseo de una declaratoria de emergencia económica, medida extraordinaria que puede ser invocada cuando se den hechos distintos a los estados de guerra o conmoción interior que perturben o amenacen perturbar de manera grave e inminente el orden económico, social o ecológico.
El mandatario la tendría fácil para lograr la aprobación, pues únicamente necesita la firma de todos sus ministros para lograr su cometido.La declaratoria de emergencia económica le permitiría a Petro buscar mediante herramientas especiales y tributarias recaudar los $16 billones que le ayuden a hacerle frente al déficit fiscal tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República.
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático se unió a las voces de rechazo por la iniciativa del presidente. En su cuenta de X, Valencia señaló: “Que nadie pague los ilegales impuestos de Petro y que la Corte Constitucional decrete la suspensión provisional”.
Pero sus críticas no pararon ahí, pues mencionó que loss colombianos no pueden “pagar impuestos que el presidente saca con un decreto abiertamente ilegal”. Un detalle que dejó la candidata de derecha es que la propuesta del Gobierno estaría atada a una figura válida para la ley y que sería la excusa perfecta para que el jefe de Estado lograr sacar adelante el decreto:
“No hay fundamento para una emergencia económica, y lo saben y por eso lo emiten en vacancia Judicial”.
Paloma Valencia
La también congresista se refería a que Petro se aprovecharía de la vacancia judicial, un periodo a final de cada año en el que la mayoría de juzgados, tribunales y altas cortes entran en vacaciones colectivas, lo que bloquearía (temporalmente) que ese decreto sea impugnado ante la Corte Constitucional, por ejemplo.
Para 2026, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso de la Circular PCSJC25-40 del pasado 4 de diciembre, en la que manifestó que el bloqueo de cuentas de correo electrónico institucionales iniciaba el 20 de diciembre del 2025 a las 00:00 horas y se mantendrá hasta el 10 de enero del 2026 a las 23:59 horas, lo que hace que las actividades se reanuden hasta el 13 de enero del próximo año.
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Desde el Congreso de la República, varios senadores anunciaron desde ya que presentarán sus denuncias ante la alta Corte para impedir el avance de esta medida, que consideran arbitraria y contraría al espíritu democrático, ya que la consideran como un hecho más que demuestra la falta de coherencia del Gobierno.
Ese debate se une a la molestia de los congresistas y de una buena parte del país ante la noticia de que el Ministerio de Hacienda emitió un bono por 6.000 millones de dólares (cerca de 24 billones de pesos) que se adjudicó a un solo comprador de Emiratos Árabes sin licitación para “cubrir el gasto corriente, ante la quiebra fiscal del Gobierno”, según comentó la senadora María Fernanda Cabal, y que generaría intereses del 13.5 %.
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