Un total de 17 organizaciones sociales, lideresas y defensoras de derechos humanos del departamento del Atlántico emitieron este martes 7 de abril un pronunciamiento urgente ante el incremento sostenido de las violencias basadas en género (VBG) en la región, evidenciado en casos de homicidios, desapariciones y agresiones contra mujeres, niñas y jóvenes.
En un comunicado enviado a , las voceras advirtieron que la situación es “alarmante” y responde a patrones recurrentes que, aseguran, no están siendo atendidos de manera eficaz por las instituciones.
Según el pronunciamiento, muchos de estos hechos permanecen en silencio debido al miedo, la desconfianza en las autoridades y las barreras que enfrentan las víctimas al momento de denunciar.
Uno de los casos recientes y que ha generado preocupación es el de la extraña desaparición de una mujer identificada como Dayana Vargas, residente del sector Alameda del Río, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla, quien fue hallada en el corregimiento de Palomino, en La Guajira, en estado de desorientación y sin recordar lo ocurrido.
Pero a ese caso se sumaron dos hechos criminales en las poblaciones por fuera del área metropolitana de Barranquilla, en donde fueron asesinadas dos mujeres en las últimas horas.
Primero ocurrió el crimen de Luz Elena Carrillo Orellana, de 37 años.
Según información suministrada por las autoridades, el hecho ocurrió a eso de las 7:30 de la noche de este lunes 6 de abril, en el interior de una vivienda ubicada en la calle 9 con carrera 13, localizada en el barrio Camilo Torres de Polonuevo.
En el mismo atentado, un joven de 21 años y un adolescente de 17 resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos para recibir atención.
Y en la tarde de este martes 7 de abril unos sujetos en moto asesinaron a balazos a una mujer cuando laboraba en el interior de una miscelánea del municipio de Sabanagrande.
Este medio conoció que la víctima fatal fue identificada como Julia Barrios, de 46 años de edad.
Según los testigos, Barrios se encontraba dentro del establecimiento comercial conocido como ‘La Marquesa’, ubicado en la calle 7 con carrera 8.
En ese momento, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta la atacaron a tiros, para posteriormente darse a la fuga.
Gravemente herida, la mujer fue auxiliada y trasladada hasta el Hospital del municipio. No obstante, los médicos de turno informaron que había ingresado sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.
Se conoció por medio de una fuente judicial que, al parecer, el ataque armado estaría ligado a un caso de violencia extorsiva, pues, presuntamente, la mujer y el propietario del negocio habían sido intimidados para el pago de cuotas a cambio de no atentar contra sus vidas.
Para las organizaciones, “este hecho refleja la gravedad del contexto y la necesidad de una respuesta inmediata por parte del Estado”.
Las lideresas señalaron que la invisibilización de estas violencias contribuye a la impunidad y perpetúa la vulneración de derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal y la seguridad. En ese sentido, recordaron que el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar una vida libre de violencias para todas las mujeres.
Ante este panorama, las organizaciones exigieron la adopción de medidas urgentes y articuladas con enfoque de género, territorial y diferencial. Entre las principales solicitudes se encuentran el fortalecimiento de las estrategias de prevención, la realización de un consejo de seguridad con enfoque de género y el monitoreo de los territorios más vulnerables.
Asimismo, pidieron la declaratoria de urgencia frente a la violencia basada en género, mayores garantías de acceso a la justicia para las víctimas, la creación y fortalecimiento de espacios seguros, y el desarrollo de campañas de sensibilización orientadas a transformar patrones culturales que perpetúan la violencia.
“Hoy alzamos nuestra voz. No podemos seguir normalizando la violencia ni permitiendo que las mujeres vivan con miedo”, concluyó el pronunciamiento.
