Tras la lluvia de cuestionamientos desde Barranquilla, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, suspendió temporalmente el traslado de peligrosos cabecillas de estructuras criminales a la capital del Atlántico.
“Por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido. El pueblo barranquillero merece antes una coordinación institucional entre el Inpec, la Policía Nacional y las autoridades locales: Alcaldía de Barranquilla, autoridades del Atlántico, para garantizar vigilancia estricta y control permanente”, dijo, no sin antes cuestionar el manejo de la seguridad en la ciudad al alcalde.
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Sobre la idea de trasladar a futuro a los cabecillas, el investigador y académico, Luis Fernando Trejos, dijo a que “Es muy grave que se tomen decisiones desde Bogotá sin coordinarse con las autoridades locales, ni analizar los posibles impactos de esos traslados y si tenemos capacidad carcelaria para contenerlos”.
En ese sentido, dirigió una serie de preguntas al Gobierno nacional. “¿Qué medidas contempla para que los criminales no consoliden su control sobre las cárceles El Bosque y La Modelo? ¿Cómo piensa evitar o garantizar que estos grupos no incidan en las dinámicas político-electorales de 2026? ¿Fortalecerá o apoyará a las administraciones distrital y departamental en el ataque a las finanzas criminales? ¿Qué rol jugarán las víctimas de estas organizaciones criminales en la mesa de diálogo? ¿La sociedad civil tendrá una participación real o solo se convocará para la validación de las decisiones que se tomen en Bogotá? Sin un marco jurídico vigente que regule el sometimiento a la justicia, en periodo electoral y a siete meses de finalizar su mandato ¿qué está negociando el gobierno con los grupos criminales que operan en Barranquilla?”.
A su turno, el director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, Janiel Melamed, se refirió en este medio sobre el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro con respecto a una reducción de homicidios en Barranquilla .
“Le lava la cara a la agenda de paz total atribuyéndose la disminución de homicidios en Barranquilla sin mencionar que en el primer semestre del año ya se evidenciaba una tendencia de desaceleración de homicidios por la acción de autoridades locales y sin mencionar tampoco que el aumento de homicidios en el Atlántico para 2025 fue del 65 % frente al año anterior, es decir 129 homicidios en total (61 más que en el 2024)”, expresó.
Melamed agregó: “Están vendiéndole a la ciudadanía falsas expectativas, frente a lo que es más una paz mafiosa pactada para mantener temporalmente bajos los indicadores de homicidios en clave electoral. Este proceso no cuenta con marco jurídico que le dé piso normativo de fondo”.
Entretanto, Alejandro Blanco Zúñiga, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Libre seccional Barranquilla, manifestó que esa fase inicial -la antesala de lo que podría convertirse en una mesa sociojurídica– se ha movido con un “hermetismo casi total”. Y ese silencio no solo obedece a “reservas institucionales”, sino que ve “una lógica política frente a la información”.
“Por ejemplo, todo indica que la administración local está excluida de las decisiones fundamentales, en general esto explica la molestia del alcalde Char. Frente a las decisiones de los traslados en cuestión, es el Departamento de Inteligencia el que marca el ritmo, define los canales y, sobre todo, fija los tiempos. Eso explica por qué hacia afuera la información no circula como parte de una conversación pública, sino que aparece cuando ya todo está resuelto desde Bogotá”, considera el politólogo.
