Las autoridades reportan una reducción en los casos de extorsión en Barranquilla y su área metropolitana durante 2026. Así lo aseguró el capitán Manuel Otálvaro, subcomandante del Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla, durante una entrevista en la que presentó un balance del comportamiento de este delito y las acciones que se adelantan para enfrentarlo.
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Según el oficial, las cifras evidencian una disminución en comparación con el mismo periodo del año anterior. En la modalidad de extorsión tradicional, es decir, aquella en la que los delincuentes realizan exigencias directas, presenciales o mediante intimidaciones para el pago de dinero, se pasó de 102 casos registrados en 2025 a 70 en lo corrido de 2026, lo que representa una reducción del 31%.
“Hay una disminución importante frente al año anterior. Esto es producto de las actividades preventivas y de las acciones judiciales que hemos venido adelantando con diferentes estrategias operativas”, explicó Otálvaro.
El oficial precisó que, en total, las autoridades han registrado 132 casos de extorsión en 2026, frente a 198 reportados durante el mismo periodo de 2025, lo que refleja una reducción significativa en las estadísticas de este delito en Barranquilla, Soledad y Malambo, las cuales están basadas en denuncias.
Sin bien los registros muestran una reducción, el capitán Otálvaro advierte que pueden haber “subregistros de casos” y que los comerciantes continúan siendo el sector más vulnerable frente a la extorsión.
Según explicó, los delincuentes suelen enfocarse en pequeños negocios o emprendimientos que comienzan a crecer y ganar visibilidad dentro de los barrios.
“El gremio de comerciantes sigue siendo el más afectado. Muchas veces se trata de personas que apenas están iniciando su negocio o que tienen un micro-emprendimiento y empiezan a ser visibles dentro de la comunidad”, afirmó.
De acuerdo con el oficial, cuando un negocio empieza a consolidarse, los delincuentes lo identifican como un posible objetivo, incluso sin tener certeza sobre los ingresos que genera.
“En muchos casos los criminales no tienen un cálculo real de cuánto gana el comerciante. Simplemente observan que el negocio está creciendo o que tiene movimiento y empiezan a exigir pagos”, explicó.
Esta situación se agrava cuando las víctimas deciden pagar por miedo y no informan a las autoridades, lo que termina consolidando una renta criminal permanente para las bandas.
Durante la entrevista, el capitán también se refirió a los reportes recientes de intimidaciones y posibles intentos de extorsión contra docentes, especialmente en instituciones educativas del Distrito y del municipio de Soledad.
De acuerdo con el oficial, algunos profesores han manifestado haber recibido panfletos, llamadas o mensajes intimidatorios, lo que generó preocupación dentro del gremio educativo y motivó la intervención de las autoridades para verificar la naturaleza de estos casos. Ante esta situación, el Gaula activó rutas de atención y acercamientos con representantes del sector educativo.
Sin embargo, el capitán Otálvaro explicó que, tras los análisis preliminares, las autoridades han identificado que en varios de estos hechos no necesariamente existe un interés económico directo, como ocurre en la mayoría de extorsiones dirigidas a comerciantes. En cambio, una de las hipótesis apunta a que estas intimidaciones podrían estar siendo utilizadas por estructuras criminales como una forma de instrumentalización o entrenamiento de menores de edad.
Según el oficial, algunos grupos delincuenciales podrían estar probando la capacidad de intimidación de jóvenes vinculados a estas organizaciones, utilizando amenazas o panfletos contra docentes como una forma de medir su reacción y prepararlos para cometer otros delitos.
Ante este panorama, el Gaula ha fortalecido las estrategias de prevención con el gremio educativo, realizando jornadas de capacitación para que los docentes puedan identificar señales tempranas de extorsión y sepan cómo actuar ante cualquier intento de intimidación.
Según Otálvaro, estas actividades se realizan de manera periódica y buscan que los profesores conozcan los canales de denuncia y los mecanismos de autoprotección, con el fin de evitar que este tipo de situaciones se conviertan en extorsiones consolidadas o generen temor dentro de la comunidad educativa.
El subcomandante del Gaula insistió en que la denuncia oportuna es fundamental para frenar este delito.
Según explicó, cuando las víctimas informan desde el primer momento sobre llamadas, mensajes o amenazas, las autoridades pueden activar mecanismos técnicos para rastrear a los responsables.
“Cuando un comerciante nos informa desde el inicio, podemos analizar los números telefónicos, identificar si provienen de centros carcelarios o si están asociados a bandas criminales que operan en la región”, indicó.
Otálvaro también aclaró que no siempre es necesario que la víctima enfrente directamente a su victimario, ya que muchas investigaciones se sustentan en análisis tecnológicos, interceptaciones y rastreo de comunicaciones.
“La persona que denuncia no necesariamente tiene que exponerse. La investigación técnica nos permite correlacionar números, ubicar responsables y desarticular estructuras criminales”, sostuvo.
