El superintendente de Servicios Públicos recordó que el mercado energético del Caribe ha registrado una serie de problemas estructurales desde décadas atrás que ha conllevado a diversas medidas por parte del Estado.
“Recordamos en la historia reciente a Electricaribe, que estuvo intervenida desde el año 2016 hasta el 2020 por la Superservicios y a la que en su momento tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el de Iván Duque le invirtieron recursos públicos, es decir, recursos de los usuarios”, dijo.
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A lo que agregó: “La crisis no se solucionó con los recursos anteriores y el Gobierno actual se vio obligado a intervenir a la empresa Aire en el año 2024; recordemos que esta empresa había empezado a prestar sus servicios el 1 de octubre del año 2020. Al momento de la intervención, la empresa Aire ya tenía deudas acumuladas por 1.9 billones de pesos, tanto a los generadores de energía como a proveedores”.
Por estos motivos, la Superservicios respaldó la resolución que será expedida por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual se solicitará a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que se defina un mecanismo que permita asegurar la confiabilidad del sistema frente al estrés financiero derivado de las deudas acumuladas por Air-e.
Opiniones divididas ha generado esta propuesta del Ejecutivo en el país. Mientras un sector ha expresado su respaldo ante la necesidad de una solución a la crisis de la empresa Air-e, otros actores han cuestionado la exclusión de jugadores como Afinia, que afrontan un complejo panorama financiero.
Andrés Santamaría Garrido, director de Asocapitales, aseguró que “valoramos la resolución de Minminas porque representa un avance necesario para mitigar el riesgo sistémico del Sistema Interconectado Nacional y proteger la continuidad del servicio eléctrico en Colombia”.
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En ese sentido, desde Asocapitales se resaltó que “esta medida recoge alertas que hemos venido planteando. La situación energética del Caribe constituye un factor de riesgo para todo el sistema eléctrico nacional, al concentrar cerca del 25 % de la demanda del país y enfrentar brechas estructurales que afectan a más de un millón de usuarios”.
Por su parte, el Consejo Gremial de Bolívar ha solicitado una solución de fondo a la crisis energética en el Caribe, así como equidad frente a la situación que actualmente atraviesa la empresa Afinia.
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“Rechazamos que la respuesta al riesgo sistémico sea trasladar los incumplimientos del Estado al bolsillo del usuario. Este riesgo ha sido inducido por la falta de giro oportuno de subsidios y una intervención sin presupuesto. Usar el componente de restricciones para cubrir huecos administrativos sienta un pésimo precedente”, sostuvo la asociación gremial.
