En la historia del retiro de su cargo del general de la Policía Nacional Edwin Urrego Pedraza, ordenado días atrás por el presidente de la República, Gustavo Petro, aún no se ha escrito el último capítulo y, cada día, se suman nuevos personajes.
Cabe reseñar que tras el anuncio del mandatario de los colombianos, el que fue hasta hace pocos meses comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla mencionó en entrevista con que todo esto que hoy le sucedía, como si fuera la trama de una película, podría tener “motivaciones políticas”. Pero también dijo que existirían algunas razones por su labor como comandante en esta jurisdicción y en su área metropolitana, algo que él llamó como “una cuenta de cobro” que le estaban “pasando”.
En ese sentido, ahora apareció en este caso el nombre de un abogado llamado José Fernando Picalúa Ochoa, presidente de la ‘Veeduría Pro-Sabanilla’, una corporación que vela por los derechos fundamentales y el bienestar general de los habitantes de Sabanilla, corregimiento del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.
La participación del jurista en esta historia del general se basa en la denuncia que este hizo ante las autoridades en octubre del año anterior sobre el uso indebido de su correo electrónico ‘[email protected]’ para formular la denuncia espuria ante la Seccional Atlántico de la Fiscalía que, según su explicación, luego derivó en el escrito anónimo del supuesto complot del general Urrego contra Petro.
En diálogo con , el abogado explicó que eso quedó sustentado en un documento enviado al ente investigador en la fecha mencionada y fue como respuesta a una notificación que le hizo una agencia fiscal.
“Yo pasé ese escrito en octubre, luego de recibir una notificación a mi correo electrónico en el que me ponían en conocimiento de una noticia criminal (denuncia) dirigida como ‘anónimo’, que en ningún momento coloqué al ente investigador. Al tiempo que dije desconocer el contenido de la misma”, manifestó Piculúa, basado en el texto.
Sin embargo, este luego mencionó que llegó a conocer el contenido de la supuesta denuncia que habían hecho como anónima, pero con el uso de su correo electrónico, y en esta aparecía como denunciado el nombre del coronel Óscar Moreno, quien había conocido desde hacía algún tiempo por su labor como comandante del Primer Distrito de la Policía Metropolitana de Barranquilla, unidad policial que vela por la vigilancia de las localidades Riomar de Barranquilla, el corregimiento La Playa, sector Caujaral y el municipio de Puerto Colombia.
“Una vez enterado, me doy cuenta que utilizaron el nombre de mi correo colocando en la falsa denuncia de fuente anónima, como medio de notificación, por lo que se puede inferir que se trata posiblemente de una vil patraña para cumplir algún propósito delictivo, utilizando la misma Administración de Justicia; presuntamente por actores en la que tratan de crear cortinas de humo para enlodar el buen nombre del coronel que se menciona en la denuncia que nos ocupa, o buscar que lo desplacen del cargo que actualmente desempeña en el ejercicio de sus buenas funciones, como comandante del 1º. Distrito de Barranquilla, MEBAR”, detalló el abogado.
Y seguidamente, Piculúa aclaró a la agencia fiscal que el coronel Óscar Moreno “lo conocí recientemente y hemos conversado temas relevantes a la seguridad del sector Salgar en especial, y del municipio de Puerto Colombia, toda vez que es el jefe encargado y responsable de la seguridad de todas las estaciones Riomar hasta Puerto Colombia, haciendo un trabajo pulcro y comprometido con la Institución y la comunidad, con una hoja de vida intachable en la que puedo dar fe”.
En el tiempo en que el general Urrego estuvo al mando de la Mebar puso freno a la corrupción, ordenó unos traslados de policías y golpeó al crimen organizado, hasta el punto de reducir las tasas de homicidio en Barranquilla y su área metropolitana.
Y el coronel Moreno, uno de los hombres de confianza de Urrego, se centró en denuncias por el despojo de tierras en Puerto Colombia.
El municipio, que desde hace algún tiempo se consolida como destino ideal para el turismo en el Atlántico, con una oferta gastronómica, deportiva, recreativa y de descanso, también registra desde hace varios años graves casos de ocupación ilegal de terrenos, ejecutados por expertos invasores e incluso, en algunos casos, por estructuras criminales que operan en la jurisdicción.
En tal sentido, el coronel Moreno habría tocado nombres que antes no se mencionaban por el delito citado y consiguió con su superior traslados de miembros de la Policía que, al parecer, estaban del bando equivocado, apoyando a las estructuras dedicadas a la ocupación ilegal de terrenos.
Hay que señalar que este oficial también salió de las filas de la Policía como el general Urrego, involucrado como otro de los presuntos artífices de ese supuesto complot para contaminar con droga una camioneta del jefe de Estado.
Frente a este entramado, el abogado Picalúa Ochoa pidió que se investigue a fondo quién o quiénes están detrás de enlodar el buen nombre de los dos oficiales y, de paso, que se llegue a establecer la causa real de esa denuncia anónima que no fue verificada y que escaló hasta el Presidente.
De momento, el despojo de un extenso y costoso lote en Salgar, otro de los corregimientos de Puerto Colombia, hecho en el que intervinieron Urrego y Moreno para investigarlo, es una de las hipótesis que más cobra relevancia.
