Tras la implementación de la Reforma Laboral (Ley 2466 de 2025), el proceso de formalización que buscaba eliminar la tercerización en el Icbf se encuentra paralizado en varias zonas del país, en especial en la Región Caribe.
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Mientras un 95 % del personal en el departamento de Sucre no ha podido suscribir contrato, la nueva dirección a cargo de Katia Soto Herazo guarda silencio.
Lo que inició como una esperanza de estabilidad laboral para cientos de profesionales en Sucre, se ha transformado en una crisis administrativa. La prevista transición hacia la contratación directa en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), impulsada por la reciente Ley 2466 de 2025, enfrenta un “truncamiento” técnico y operativo que mantiene en vilo la atención a la niñez en el departamento de Sucre.
Según fuentes internas de la Regional Icbf en Sucre, el proceso estaba diseñado para vincular directamente a coordinadores, psicosociales, nutricionistas, agentes educativos y auxiliares educativos. Se trataba de un cambio histórico, pues este personal que operaba a través de fundaciones (tercerización), pasaría a tener contratos de prestación de servicios directamente con el Estado, que en este caso tendrían una duración de 10 meses, previstos para que iniciara el pasado 1° de febrero.
La planeación, liderada desde diciembre por la anterior directora, Tatiana Paola Padilla Alvis, cumplió con los rigurosos filtros de ley, al punto que entre el 15 y 17 de diciembre de 2025 se efectuaron las invitaciones formales a través del Banco de Hojas de Vida, respetando el procedimiento que obliga al registro en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y el sistema PACCO.
A pesar de que el talento humano superó las validaciones de perfiles, antecedentes y el cargue de información en el SIGEP y SECOP II, el proceso colapsó en la etapa final.
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La fuente consultada, que pidió reserva de su nombre, informó que el Sistema de Información y Trámite Contractual (SITCO) plataforma encargada de gestionar integralmente el ciclo desde la solicitud hasta y todo el ciclo del registro, sufrió una desincronización masiva, y este fallo impidió la asignación automática de los procedimientos precontractuales.
“Solo el 5% del personal logró culminar la suscripción de los contratos en SECOP. El resto estamos en un vacío legal donde ya pasamos todos los filtros, pero el contrato no aparece para firma”, aseguró uno de los afectados que pide reserva de su nombre por temor a represalias.
La tensión escaló este lunes 2 de febrero cuando un grupo de las proponentes acudió a la sede del Icbf en el barrio Boston de Sincelejo buscando respuestas, pero aducen que se les impidió el ingreso por orden directa de la recién posesionada directora.
El temor de los trabajadores es que este “error sistémico” sea utilizado para desconocer los derechos adquiridos durante el trámite. Según la normativa de contratación pública y las guías de Colombia Compra Eficiente, la entidad tiene la obligación de informar oficialmente a los proponentes sobre cualquier incidencia en la etapa contractual, algo que, hasta la fecha, no ha sucedido.
La situación no solo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino la operatividad de los Centros Zonales. Estaba previsto que las coordinadoras de dichos centros ejercieran la supervisión directa de estos nuevos contratos. Sin la firma en el SECOP, no hay acta de inicio, y sin acta de inicio, miles de niños y niñas en Sucre comienzan el mes de febrero sin el respaldo del talento humano interdisciplinario que garantiza sus derechos.
El personal afectado exige que se respete la selección inicial y se solucione la falla técnica en el SITCO, advirtiendo que ya son proponentes con derechos validados por la misma institución.
