La sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), realizada este lunes 6 de abril en la Jagua de Ibirico, terminó convirtiéndose en un episodio de tensión para la representante del Gobierno nacional, Juliana Guerrero. La joven delegada presidencial, de 23 años, fue recibida con gritos y rechiflas de parte de los estudiantes durante su intervención en el encuentro académico.
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Guerrero había tomado el micrófono para hablar sobre la creación de una nueva sede universitaria, pero sus palabras fueron interrumpidas continuamente por alegatos y silbidos provenientes del público. En los videos difundidos en redes sociales puede verse a la funcionaria intentando continuar su intervención mientras los asistentes expresaban su inconformidad.
Durante su exposición, Guerrero explicó la postura del Gobierno frente a la planificación de la nueva sede: “(…) Es decir, el Gobierno nacional por parte del Ministerio de Educación no puede saber qué se requiere, cómo se requiere y de qué forma, si esta sede no existe todavía”. Su argumento buscaba dejar clara la necesidad de contar con una base jurídica y administrativa antes de definir programas académicos o infraestructura en el municipio.
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A pesar de los abucheos, la delegada mantuvo su discurso, insistiendo en que “necesitamos que se haga por muchas razones, pero sobre todo, incluso por parte de la universidad, tiene que estar firmado jurídicamente para pasar al Consejo Académico y ver qué programas se requieren (
Según explicó Guerrero, sin una sede formal, el Consejo Académico no puede establecer si la Jagua de Ibirico o municipios cercanos necesitan programas como Economía o Ingeniería Ambiental, ni definir los laboratorios requeridos.
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Guerrero reiteró además que “por parte del Gobierno Nacional, se tiene toda la voluntad del mundo”, recordando el compromiso público asumido por el presidente Gustavo Petro para fortalecer la educación superior en la región. Tras sus palabras, el ambiente se dividió: mientras un grupo de asistentes aplaudió, otro volvió a abuchear.
El episodio no fue aislado. Desde hace meses, la figura de Juliana Guerrero ha sido objeto de polémica en la Universidad Popular del Cesar. Su participación dentro del Consejo Superior ganó notoriedad tras la elección de Guillermo Echavarría Gil como nuevo rector, un proceso aprobado en tiempo récord y sin la presencia de todos los consejeros, incluyendo representantes estudiantiles.
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Guerrero fue designada como delegada presidencial ante el Consejo Superior el 1 de abril de 2025, por decisión del presidente Gustavo Petro, luego de desempeñarse como jefa de gabinete del ministro del Interior, Armando Benedetti.
Desde entonces, su gestión en el ámbito educativo ha estado marcada por cuestionamientos relacionados con el uso de vuelos oficiales de las Fuerzas Armadas, financiados por el Ministerio del Interior, para asistir a reuniones internas de la UPC.
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La controversia a su alrededor aumentó cuando se reveló la posible falsificación de su diploma universitario. Juliana Guerrero se presentaba como profesional en Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San José, aunque no habría completado los requisitos necesarios para obtener el título.
Esta situación dio pie a investigaciones en la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y las altas cortes, enfocadas en esclarecer el alcance de la documentación presuntamente falsa y el uso de recursos públicos vinculados a su gestión oficial.
