Con la firma del Decreto 1092 de 2025, el Gobierno Nacional oficializó un incremento del 7 % en las asignaciones mensuales de los legisladores, lo que eleva su sueldo a más de 52 millones de pesos.
El ajuste, que rige desde el 1 de enero de 2025, se realiza con base en lo establecido por la Constitución Política y las leyes que regulan las remuneraciones del Congreso. Sin embargo, la medida ha generado una ola de críticas en redes sociales y entre la opinión pública, que cuestiona la distancia entre los altos salarios del poder legislativo y la difícil situación económica de muchos colombianos.
La polémica se avivó especialmente porque el presidente Gustavo Petro, cuando era candidato, prometió trabajar para reducir el salario de los congresistas, calificando como “indecente” que ganaran tanto mientras gran parte del país enfrenta carencias. Hoy, esa promesa vuelve al centro del debate tras la firma del decreto que les otorga un aumento superior a los 3 millones de pesos mensuales.
En el Congreso, el malestar ciudadano también recordó una propuesta archivada meses atrás, que buscaba limitar los sueldos públicos a un máximo de 20 salarios mínimos mensuales, lo que habría reducido de forma considerable las asignaciones de los parlamentarios. Sin embargo, la iniciativa no logró avanzar por falta de apoyo político.
Así las cosas, el tema del salario de los congresistas sigue siendo uno de los más sensibles del país. Mientras algunos defienden el aumento como un ajuste legal y necesario, otros lo ven como una muestra de desconexión entre los dirigentes y la realidad de los colombianos, que siguen esperando el cambio prometido.
