La Fiscalía General de la Nación puso bajo la lupa a tres uniformados del Ejército Nacional, señalados de presuntamente recibir dinero de una estructura del Clan del Golfo a cambio de revelar información reservada sobre operativos, desplazamientos y ubicación de tropas en Antioquia y otras zonas del país. Se trata del teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y los sargentos segundo Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías.
Según la investigación, los tres militares habrían formado parte de una red delictiva que, entre enero de 2022 y febrero de 2025, se habría dedicado a obtener y suministrar información privilegiada relacionada con despliegues y acciones del Ejército contra esa estructura armada.
Los uniformados estuvieron adscritos al Batallón Rifles de Caucasia, en Antioquia, y al Batallón de Infantería de Selva N.º 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, con sede en el sur de Bolívar. En esta presunta operación habría tenido un papel clave Teresa Jaramillo Giraldo, alias la Tía, quien ya fue condenada por estos hechos.
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Uno de los episodios que hace parte del expediente ocurrió el 2 de enero de 2022. Para ese momento, Bravo Olaya se desempeñaba como subteniente y, de acuerdo con los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, habría recibido un millón de pesos, dinero que fue transferido por un militar retirado. El pago estaría relacionado con la entrega de información que posteriormente habría permitido alertar sobre los desplazamientos de los uniformados bajo su mando en inmediaciones de Ayapel, Córdoba.
La investigación también señala a Sicacha López de haber aceptado una promesa remuneratoria a cambio de compartir detalles sobre las operaciones militares en las que participaba. En el caso de Henao Luna, la Fiscalía sostiene que habría recibido dinero por entregar datos privilegiados sobre los movimientos de los integrantes de la escuadra que comandaba. Este último hecho estaría relacionado con una llamada que recibió el 14 de abril de 2022 por parte de un suboficial retirado.
Los tres militares fueron capturados en operativos adelantados por funcionarios del CTI y de la Policía Nacional en Cali, Valle del Cauca; el corregimiento de Buenavista, en Distracción, La Guajira; y Yopal, Casanare. Ante un juez, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con la presunta participación individual de cada uno, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado.
Durante las audiencias, Sicacha López aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia. Entre tanto, Bravo Olaya y Henao Luna recibieron medida de aseguramiento intramural. El proceso continúa en etapa judicial y las acusaciones corresponden a hipótesis investigativas de la Fiscalía, por lo que la responsabilidad penal de los procesados deberá ser determinada por la justicia.
