La controversia generada en la Institución Educativa Técnica Industrial San Antonio de Padua, en Soledad, Atlántico, tomó un nuevo rumbo luego de que las directivas respondieran mediante un derecho de petición a la información difundida por este medio a partir de la denuncia pública realizada precisamente por algunos padres de familia.
El colegio cuestiona que se establezca una relación directa entre la imposibilidad de ingreso de un estudiante y el supuesto atraco que, según los acudientes, habría sufrido posteriormente. Sin embargo, este medio precisa que la información publicada correspondió a una denuncia ciudadana y fue presentada como tal, sin afirmar como hecho judicialmente probado una responsabilidad de la institución.
La denuncia fue realizada públicamente por padres y madres de familia, quienes aparecen en los videos difundidos explicando lo ocurrido y manifestando su preocupación por las condiciones de seguridad alrededor del plantel. Por tanto, resulta válido informar sobre un reclamo que involucra directamente a una comunidad educativa y que plantea interrogantes sobre los protocolos de ingreso y seguridad de los estudiantes.
El colegio sostiene que la decisión de mantener cerrado el portón después de la hora establecida responde a protocolos previamente acordados con los padres de familia. No obstante, que exista un protocolo no elimina la necesidad de analizar si, ante un caso particular, las medidas adoptadas fueron suficientes para garantizar la protección del estudiante que permaneció fuera de la institución.
Otro de los argumentos de la institución es que no se ha demostrado que el supuesto atraco haya ocurrido como consecuencia directa de que el menor no pudiera ingresar. En este punto, el medio de comunicación tampoco ha presentado esa relación como una conclusión definitiva, sino como parte de la versión entregada por los denunciantes.
La pregunta que permanece abierta es qué ocurrió exactamente después de que el estudiante no pudo ingresar, quién acompañó al menor durante su regreso a casa y si efectivamente fue víctima de un robo. Estos aspectos deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes y, eventualmente, por la propia familia.
La institución también cuestiona que el video haya sido difundido sin una supuesta verificación previa con las directivas. Frente a esto, debe precisarse que el ejercicio periodístico no puede depender exclusivamente de la versión de una de las partes, especialmente cuando existen ciudadanos que formulan públicamente una denuncia. Precisamente por ello, resulta relevante incorporar ahora la respuesta oficial del colegio y presentar ambas posiciones ante la opinión pública.
Respecto a la aparición de los rostros de docentes y directivos, el colegio expresa preocupación por eventuales riesgos para su seguridad. Es una consideración que merece ser atendida, especialmente teniendo en cuenta el antecedente de violencia mencionado por la institución. Sin embargo, la publicación de una denuncia ciudadana no puede confundirse automáticamente con un señalamiento personal contra los funcionarios que aparecen en las imágenes.
El debate tampoco debería reducirse a determinar si el estudiante llegó cinco minutos tarde. La discusión de fondo está relacionada con qué protocolos existen para los alumnos que llegan después de la hora establecida y qué mecanismos tiene la institución para garantizar que un menor que no puede ingresar no quede expuesto a riesgos mientras se define su situación.
Este medio mantiene su compromiso con informar las denuncias de la ciudadanía, pero también con publicar las respuestas de las instituciones involucradas. Por esa razón, la posición de la Institución Educativa Técnica Industrial San Antonio de Padua hace parte ahora de la información conocida por la comunidad.
Un padre de familia cuestionó la decisión de la institución de no permitir el ingreso de estudiantes que llegaron tarde y aseguró que, aunque se debe exigir puntualidad, también debería tenerse en cuenta la realidad económica y las condiciones de inseguridad de los barrios donde viven los alumnos. Según su versión, el video evidencia que docentes les informaron a algunos padres que los estudiantes no serían dejados ingresar y que debían regresar a sus casas. El acudiente afirmó además que no se trataría de un caso aislado, sino de más de 20 estudiantes que habrían quedado por fuera del plantel, sin contar a otros que ya se habían retirado, por lo que pidió revisar el protocolo y las medidas de seguridad aplicadas en estos casos.
No corresponde al medio determinar quién tiene la razón ni establecer responsabilidades que competen a las autoridades. Corresponde informar las versiones, contrastarlas y dejar que los hechos sean esclarecidos. La denuncia de los padres existe, la respuesta del colegio también, y precisamente esa confrontación de versiones es la que permite a la ciudadanía conocer el caso de manera más completa.
