La Procuraduría General de la Nación emitió este lunes un memorando a través del cual exhortó formalmente, con carácter inmediato y efectivo, a los gobernadores y alcaldes alrededor del territorio colombiano a ejercer sus funciones constitucionales y legales de inspección y vigilancia en el sector educativo.
La medida pretende garantizar de forma prioritaria la prevención, atención oportuna y sanción contundente sobre cualquier manifestación de violencia física, mental, psicológica y sexual ejercida contra niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas oficiales y privadas a lo largo de todo el país.
Asimismo, el documento oficial del órgano de control no solamente se encuentra dirigido a los mandatarios departamentales y municipales, también imparte directrices operativas de obligatorio cumplimiento a las secretarías de Educación, así como a los jefes de Control Interno Disciplinario de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC), con el objetivo de fortalecer de forma integral los canales de prevención y atención institucional ante estas vulneraciones.
Medidas interinstitucionales
Entre las medidas, la Procuraduría solicitó actualizar con urgencia los protocolos institucionales de convivencia, el robustecimiento de los mecanismos de prevención, protección y sanción en cada plantel educativo y activar de manera inmediata la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.
De igual manera, el organismo del Ministerio Público fue enfático al reiterar la obligación legal de brindar la máxima protección a las víctimas, denunciantes y testigos que reporten hechos de violencia en los entornos escolares, brindándoles apoyo frente a cualquier forma de retaliación, estigmatización o revictimización por parte de directivos, docentes o miembros de la comunidad educativa.
Respecto a los jefes de Control Interno Disciplinario, el memorando les insta a adelantar con diligencia y celeridad los procesos por presuntos casos de violencia sexual dentro de los centros educativos, ordenando así a remitirlos de manera inmediata a las autoridades judiciales competentes.
De igual manera, como medida de fiscalización, la Procuraduría requirió formalmente a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación el envío de un reporte detallado en un plazo perentorio de ocho 8 días hábiles. En dicho informe cada entidad territorial deberá detallar la totalidad de las quejas y denuncias de violencia escolar que hayan sido registradas en su jurisdicción durante el periodo comprendido entre enero de 2025 y el 30 de junio de 2026.
Por último, el memorando emitido por la Procuraduría se encuentra suscrito con tres dependencias, encabezado por la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer; la Delegada Disciplinaria de Instrucción 4 Cuarta para la Vigilancia Administrativa y la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
