Tras seis años de un complejo recorrido por los estrados judiciales, el proceso penal contra Carlos Caicedo en torno a la infraestructura hospitalaria de Santa Marta, cuando fue alcalde de esa ciudad, parece haber entrado en su etapa de definiciones.
Mientras la defensa técnica del exalcalde Carlos Caicedo Omar insiste en que el caso carece de sustento jurídico real, la cotidianidad de los centros de salud en la ciudad caribeña ofrece un testimonio paralelo: el de unas obras que, lejos de la controversia legal, transformaron la atención de miles de samarios.
El debate en los tribunales se ha concentrado recientemente en un punto técnico pero definitivo: la autonomía de la entidad contratante. Según expuso la defensa, la Empresa Social del Estado (E.S.E.) Alejandro Próspero Reverend opera como un ente descentralizado, dotado de un régimen presupuestal, contractual y de personal totalmente propio e independiente de la administración central de la Alcaldía.
Bajo esta premisa jurídica, sostiene la defensa que el trámite precontractual, la celebración y la posterior ejecución del contrato 004 de 2014 no formaban parte de las competencias funcionales de Caicedo, ni en su rol de mandatario local ni como presidente de la Junta Directiva de dicha entidad. Con este argumento, los abogados defensores han sido tajantes al señalar la inexistencia de una sola prueba que demuestre una infracción a los deberes del exalcalde, solicitando formalmente una sentencia absolutoria.
Sin embargo, más allá de la filigrana legal, el verdadero contraste del caso se vive en las calles de la ciudad. Centros de atención médica como los de Taganga y el IPC La Candelaria, que en su momento estuvieron en el ojo del huracán mediático, hoy operan a plena capacidad. Lo que en el papel se discutía como un presunto desvío o irregularidad, en la realidad se tradujo en salas de urgencias dotadas y consultorios activos.
Esta valoración positiva de la infraestructura no solo proviene de la comunidad beneficiada, sino también de revisiones técnicas del orden nacional. Durante su gestión entre 2018 y 2020, el entonces viceministro de Salud, Iván Darío González, validó el estado de las instituciones señalando que la planta física y los nuevos equipos biomédicos instalados constituían una invitación directa a la prestación de un servicio digno y de calidad.
Para los habitantes de los sectores periféricos, el cambio es difícil de rebatir. Los comités de obras locales recuerdan que las antiguas estructuras hospitalarias eran espacios de abandono que no lograban cubrir las necesidades básicas de la población. La entrega de los nuevos centros de salud significó la solución a una urgencia histórica y prioritaria para la comunidad.
Al final de la jornada, mientras el ruido político y las acusaciones fiscales se dirimen en los despachos institucionales, la infraestructura sigue cumpliendo el propósito para el que fue diseñada. La verdad jurídica suele tomar su tiempo en los tribunales, pero en Santa Marta, la realidad de los centros de salud parece hablar por sí sola y en eso se sustento Caicedo.
