- 20 mil millones de pesos, un montaje que será demostrado y las acciones jurídicas en contra de una estructura al margen de la ley.
La abogada de Familia, Diana Paola Chavarro, y apoderada del excandidato a la Presidencia de Colombia, Santiago Botero, se permite informar a la opinión pública que ha radicado las primeras acciones jurídicas en contra de implicados que presuntamente se habrían prestado para hacer un montaje.
Se trata de una queja disciplinaria contra el Comisario de Familia Permanente Turno No. 1 de Cartagena, Amin Francisco Sanabria Aislant, dentro del proceso VCF-038-2026, que se adelanta por presuntas conductas que comprometerían los principios de imparcialidad, reserva del expediente, transparencia, debido proceso y proporcionalidad. Según la defensa, la actuación busca esclarecer hechos que habrían afectado las garantías procesales de Botero en medio de una controversia familiar que terminó expuesta ante todo el país.
Cabe recordar que el funcionario, ahora implicado en el proceso, incluso se prestó para crear narrativas infundadas en distintos medios de comunicación contra el excandidato presidencial a menos de 24 horas de las elecciones.
De acuerdo con la defensa, el origen del conflicto fue una negociación fallida de divorcio y liquidación patrimonial. La propuesta presentada por la expareja del excandidato presidencial contemplaba una manutención personal millonaria y vitalicia. Se trataba de 36 millones de pesos mensuales para Manuela Echeverri y una cuota adicional de alimentos para el menor que superaba los 5 millones de pesos; además de una renovación periódica de vehículos, un seguro de vida por un millón de dólares y la entrega de un apartamento en Cartagena valorado en cerca de 20 mil millones de pesos, el cual no pertenece a Santiago Botero.
Es decir, además de las pretensiones ya mencionadas, Botero se vería forzado a endeudarse con un inmueble que no hacía parte del patrimonio conyugal, con deudas y pretensiones abusivas y por fuera de la ley. Para la defensa, estos elementos demuestran que la controversia tuvo un origen esencialmente económico y patrimonial, asociado a obligaciones cercanas a los 40 millones de pesos mensuales para el sostenimiento familiar y de un menor de apenas 10 meses.
Lo más paradójico e inusual es que, incluso si la señora Manuela decidiese tener otra relación sentimental, Botero debería seguir pagándole a ella esos millonarios montos.
La defensa también sostiene que las acusaciones contra Santiago Botero han venido cambiando, es decir, se echaron para atrás. Pasaron de afirmar que había armas de fuego y violencia, a apenas dejar entrever que lo que se buscaba era dinero, utilizando términos como “violencia económica”. Se trata de cambios significativos y abruptos que demuestran un interés económico.
La defensa advierte que no existe una decisión judicial o administrativa definitiva, pero sí hechos relevantes que deben ser investigados, como el actuar indebido de varios funcionarios impedidos que ya han sido recusados, mismos que públicamente han hecho saber sus posturas políticas y críticas mal direccionadas en contra de quien prometió luchar contra los ladrones y corruptos; Botero había prometido derrotarlos.
«Es de recordar que a pocas horas de la pasada jornada electoral con miras a la Casa de Nariño, el candidato que tenía mayor crecimiento en el escenario político era precisamente Santiago Botero, motivo por el cual la controversia fue amplificada e instrumentalizada por actores políticos tradicionales, bodegas digitales y estructuras políticas tradicionales que se veían afectadas cuando Botero desenmascaraba pretensiones clientelista», concluyó la abogada Chavarro.
