A través de un comunicado dirigido a medios de comunicación del país, la familia de Jaime Enrique Saade Cormane afirmó que la condena que actualmente debe cumplir el procesado es de 16 años de prisión, y no de 24 o 27 años como, según señalan, ha sido difundido de manera incompleta en distintas publicaciones recientes.
El documento, titulado “La realidad jurídica del caso Saade Cormane: lo que los documentos dicen y lo que los medios omiten”, expone una serie de argumentos jurídicos con los que la familia busca aclarar lo que consideran una interpretación errónea del proceso penal.
Según el comunicado familiar, la diferencia en las cifras de la condena radica en las condiciones del acuerdo de extradición entre Colombia y Brasil. La familia sostiene que, mediante un auto del 27 de febrero de 2024, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla acató las exigencias del Supremo Tribunal Federal brasileño, que establecen límites a la pena ejecutable.
Entre esas condiciones, se habría determinado que la sanción por el delito de acceso carnal violento no puede ser ejecutada en Colombia, y que el tiempo de detención en Brasil debe ser contabilizado dentro de la condena.
La familia también respalda su postura en la Boleta de Encarcelamiento No. 006, expedida el 12 de abril de 2024, en la que se ordena la reclusión de Saade Cormane por 16 años de prisión exclusivamente por homicidio agravado.
De acuerdo con el documento, esta limitación no modifica la sentencia original, sino que responde a la “imposibilidad material” de ejecutar la totalidad de la pena debido al tratado internacional. Esta interpretación fue ratificada por el Tribunal Superior de Valledupar.
Otro de los puntos abordados es el recurso presentado por la defensa, el cual, según la familia, no buscaba evadir la justicia, sino resolver un debate jurídico válido: si el cálculo de prescripción debe hacerse sobre la pena total impuesta o sobre la pena efectivamente ejecutable. El Tribunal Superior de Valledupar resolvió que dicho cálculo debe realizarse sobre la pena original, decisión que la familia afirma respetar, aunque insiste en que el debate era legítimo.
El comunicado cuestiona directamente a medios nacionales y regionales por omitir elementos clave del expediente judicial, lo que, según la familia, ha generado una percepción parcial del caso en la opinión pública. Entre las críticas, señalan que:
- No se ha mencionado el acuerdo de extradición ni la boleta de encarcelamiento.
- Se ha presentado el recurso de la defensa como un intento de impunidad.
- No se ha contrastado la información con todas las partes involucradas.
La familia Saade también advierte sobre lo que considera una “presión mediática sistemática” que coincide con actuaciones judiciales, lo que, afirman, podría afectar principios como la independencia judicial y el debido proceso.
En un apartado final, el comunicado sostiene que aún no existe una verdad absoluta sobre lo ocurrido la noche del 31 de diciembre de 1993 y la madrugada del 1 de enero de 1994, hechos por los que fue condenado Jaime Saade Cormane.
Argumentan que Saade Cormane fue juzgado en ausencia, lo que le habría impedido presentar su versión de los hechos ante un tribunal. En ese sentido, anuncian que el condenado prepara un libro en el que relatará su versión de lo ocurrido.
