El conflicto armado en Colombia afectó la movilidad de cerca de 50.000 personas en el primer trimestre de 2026 por confinamientos y desplazamientos forzados, según un informe de la Defensoría del Pueblo, que alerta sobre la crisis humanitaria que afecta al país.
El reporte, que hace seguimiento a confinamientos y desplazamientos forzados que limitan la libre circulación de comunidades enteras y agrava las condiciones humanitarias en varias regiones.
La entidad documentó 40 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 7.668 personas, lo que refleja un «escenario persistente de vulneraciones a los derechos humanos en distintas zonas del país».
Asimismo, la Defensoría alertó que los confinamientos forzados afectaron a 39.807 personas por ataques de grupos armados ilegales como el ‘Clan del Golfo’, la mayor banda criminal del país; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las antiguas FARC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), de origen paramilitar.
Según el informe, estas organizaciones imponen restricciones a la movilidad mediante amenazas, incursiones armadas, homicidios, reclutamiento forzado de menores y el uso de artefactos explosivos, lo que impacta gravemente el acceso de las comunidades a alimentos, servicios de salud y educación.
Por territorios, el convulso departamento del Cauca, víctima esta semana de atentados que dejaron al menos 20 civiles muertos, fue el más afectado por el confinamientos en el primer trimestre, con más de 9.300 víctimas, seguido por Chocó (7.765), Caquetá (5.030), Antioquia (5.023) y Bolívar (3.882).
Movilidad por desastres ambientales
Estas dinámicas se desarrollan en un contexto más amplio de movilidad humana forzada, que incluye también factores ambientales: más de 25.000 personas tuvieron que desplazarse por emergencias como inundaciones, especialmente en el departamento de Córdoba.
Las inundaciones de febrero en el municipio de Montería, capital de ese departamento, afectaron a más de 43.000 familias que tuvieron que permanecer aisladas por unas lluvias atípicas que arrasaron con viviendas, caminos y vegetación.
En Colombia, desde 2024 las personas desplazadas por factores ambientales están protegidas como víctimas del conflicto armado, pues en 2022 se registraron unos 281.000 desplazamientos por desastres y en 2023 la cifra ascendió a 351.000, superando por primera vez los causados por el conflicto armado.
