Asimismo, solicitaron que se active la asistencia consular y que Colombia tenga acceso directo a los centros de reclusión donde están estas personas para así verificar su estado de salud.
Por otra parte, los familiares plantearon que se conforme una mesa de seguimiento en conjunto con la Cancillería de Colombia para conocer los avances de la situación jurídica de los 16 detenidos.
Según la carta, este grupo está conformado por campesinos, mecánicos, enfermeras y trabajadores humildes y «son falsos positivos» de una operación militar contra lo que el Gobierno de Venezuela denominó, en 2021, «tancol«.
«Fueron detenidos sin orden judicial ni flagrancia, la mayoría de ellos fueron torturados, fueron incomunicados, se les forjó un expediente judicial y enfrentan cargos o han sido condenados ya por el delito de terrorismo», detalló el colectivo.
En marzo pasado, una decena de familiares y activistas de la ONG Surgentes exigió que el Parlamento de Venezuela revisara los casos de detenidos acusados con cargos de terrorismo y que han sido excluidos de la Ley de Amnistía aprobada en febrero.
Desde las afueras de la sede administrativa del Parlamento, el activista Oglis Ramos señaló entonces que se tienen registrados alrededor de 140 casos de personas acusadas por supuestas vinculaciones con los llamados grupos «tancol«.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
