El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez Morales, anunció este lunes la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas de seguridad presuntamente infiltradas por estructuras criminales.
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Entre las decisiones adoptadas figuran medidas contra compañías en distintas regiones del país, como Barranquilla, sede de las empresas Atenas Seguridad Privada ltda. y Maximus Seguridad Privada ltda., a las cuales se les canceló la licencia en fallo de primera instancia.
Adicionalmente, la Superintendencia informó que próximamente ocho empresas más van a ser sancionadas como resultado de investigaciones en curso.
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“Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad”, explicó el superintendente Larry Álvarez, señalando que “el patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales”.
Agregó que las investigaciones judiciales han permitido detectar armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos y personal relacionado con estructuras criminales.
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“Estas prácticas podrían estar asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales, lo que refuerza la gravedad de los hallazgos”, sostuvo.
El superintendente fue enfático al advertir que cualquier empresa que incumpla la ley o sea utilizada como vehículo para actividades ilícitas será sancionada con todo el peso institucional, en el marco de un nuevo enfoque de vigilancia basado en inteligencia, analítica de datos y articulación interinstitucional.
Por último, reiteró el llamado a todas las empresas del sector a actuar con estricto apego a la ley.
“La entidad continuará ejerciendo una rigurosa vigilancia con el fin de garantizar que este servicio opere bajo los más altos estándares de legalidad”, finalizó.
