Mientras el Gobierno Nacional presentaba el nuevo modelo de expedición de pasaportes como un avance, la Procuraduría General de la Nación ya había enviado una petición formal al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para frenarlo. La solicitud, radicada hace exactamente una semana, pide decretar con carácter de urgencia y como medida cautelar la suspensión de los efectos de los contratos suscritos entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, y entre esta última y la Casa de la Moneda de Portugal.
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Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público es que el convenio con la entidad portuguesa se firmó sin ningún estudio de mercado que justificara la modalidad de contratación directa. Pero el cuestionamiento va más lejos: según la Procuraduría, la Casa de la Moneda de Portugal no puede ser catalogada como una entidad pública extranjera, pues en su país de origen opera como una empresa privada.
Esta distinción es clave, ya que la figura del convenio interadministrativo, utilizada para cerrar el acuerdo, exige que ambas partes sean entidades de carácter público.
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A estas objeciones se suman otras irregularidades detectadas en el proceso, entre ellas: problemas en la fijación de vigencias futuras de la Imprenta Nacional de Colombia, cuestionamientos sobre la aprobación formal del convenio y señalamientos relacionados con pagos realizados en moneda extranjera.
Durante una visita preventiva realizada el 6 de agosto de 2025, la Procuraduría constató que la Imprenta Nacional de Colombia “no ejecutará ninguna de las actividades sustanciales” del convenio. En la práctica, el contrato le asigna a esta entidad una única responsabilidad: personalizar las libretas de pasaportes. Todo lo demás recae sobre la Casa de la Moneda de Portugal.
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Este hallazgo llevó al ente de control a concluir que la subcontratación “desnaturaliza completamente la figura del convenio interadministrativo e implica que el Fondo Rotatorio del Ministerio debió haber seleccionado directamente a su contratista mediante un proceso competitivo abierto a todos los operadores del mercado con capacidad acreditada”. En otras palabras, el modelo adoptado habría omitido la obligación de abrir una licitación pública que permitiera la competencia entre diferentes proveedores.
La urgencia de la solicitud tiene una razón concreta. Según el Ministerio Público, cada día que transcurre sin que se tomen medidas consolida la ejecución de los convenios y hará más difícil que el juez “restaure el orden”.
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Esto significa que, a medida que avanza la implementación del nuevo esquema, revertir el proceso se vuelve progresivamente más complejo, tanto desde el punto de vista contractual como operativo.
