Homicidios, atentados a bala, aparición de panfletos amenazantes y capturas recientes de sujetos armados apuntarían hacia un mismo origen o seguirían una misma lógica criminal en municipios del Atlántico por fuera del área metropolitana de Barranquilla, especialmente en las zonas del oriente, centro y sur de este territorio.
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Repelón, población que está en el llamado cono sur del departamento, sumó en la última semana tres muertes violentas, dos de estas bajo la modalidad del sicariato, y en uno de los casos fue acribillada una mujer.
Solo con los homicidios contabilizados recientemente, la población, una de las más pacíficas de la jurisdicción, superó el número de muertes violentas de 2025, cuando se registraron dos casos. Incluso, el año anterior presentó una disminución en comparación con todo 2024, cuando hubo tres homicidios en el reporte.
En esa línea, hoy Repelón es la muestra más precisa de la teoría que le sigue la pista la Seccional Atlántico de la Fiscalía sobre un plan de expansión de las estructuras criminales ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’, el cual tendría la finalidad de renovar rentas y ampliar su dominio, supuestamente, en paralelo a los diálogos sociojurídicos de ambas estructuras con el Gobierno nacional, que tienen a Barranquilla como ciudad de referencia.
En reciente entrevista con , la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, habló precisamente sobre esos escenarios de la paz urbana con las estructuras delincuenciales y manifestó conocer las iniciativas, pero opinó que se les había hecho “poco seguimiento”.
“En el tema de paz urbana ha habido iniciativas, pero poco seguimiento. La ley 2272 es clara en que estos procesos no son acuerdos de paz, sino de sometimiento a la justicia, y es a través de la Fiscalía con herramientas legales, desde mecanismos premiales hasta negociaciones, bajo la condición de desmantelamiento total de la estructura. Por eso hemos manifestado al comisionado de Paz nuestro interés en intervenir directamente en estos procesos, en Chocó, Tumaco o Buenaventura, donde están quedando diálogos abiertos”, respondió Camargo sobre la incidencia de hechos criminales en esas zonas, así como en Atlántico, en donde están ‘los Pepes’ o ‘los Costeños’ en el escenario de la paz urbana.
Pero desde la Dirección Seccional Atlántico, de acuerdo con la fiscal general de la Nación y debido a ese poco seguimiento que se le han dado a los diálogos, se abrieron recientemente unas líneas investigativas a raíz del incremento de crímenes en las poblaciones que antes eran catalogadas como remansos de paz.
En octubre de 2025, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino Rodríguez, los dos referentes de ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’, respectivamente, sellaron un acuerdo de mantener una tregua temporal en homicidios, hurtos, actividades extorsivas, entre otras conductas delictivas, hasta el 20 de enero de 2026, como gesto inicial de voluntad de paz y desescalamiento del conflicto en Barranquilla y su área metropolitana.
En el primer mes de la tregua entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’, tal y como se le llamó en medios, se notaron fisuras por homicidios en Barranquilla y su área metropolitana, pero también fue posible percibir una reducción, por lapsos, en hechos criminales dentro de este mismo territorio.
Sin embargo, de manera escalonada, la violencia empezó a trasladarse a poblaciones como Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Sabanalarga, Sabanagrande, Baranoa, Luruaco y el ya citado Repelón.
Una fuente judicial le afirmó a este medio que la tarea criminal, posiblemente de las dos organizaciones, estuvo en expandirse y en desplazar a los actores menores de la venta de estupefaciente para quedarse en los mencionados territorios, no solo con esa renta sino con la extorsión, los negocios que más dividendos les dejan para sostener a sus estructuras. Por eso el derramamiento de sangre.
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Poblaciones como Sabanagrande, Baranoa y Sabanalarga cerraron el año anterior con un incremento en casos de homicidio, frente a los registros de 2024.
En el caso de Sabanagrande, el 2024 cerró con 8 casos y el 2025 con 17 hechos de sangre, para una variación del 112 %. Mientras que Baranoa, uno de los casos más delicados, sumó en 2024 un total de 10 homicidios y en 2025 la cifra se elevó a 31 muertos, con una variación del 210 %.
Y en el caso de Sabanalarga, los homicidios en 2024 se establecieron en 17 eventos y en el año anterior llegaron a 29, para una variación del 70 %.
En la actualidad, las mismas poblaciones continúan con una tendencia criminal elevada hasta el punto de sumar con permanencia casos de homicidio.
Por ejemplo, Baranoa, hasta la noche del pasado jueves, sumaba 11 casos de asesinato, uno más que todos los registrados en 2024.
En Sabanagrande, por su parte, hasta el pasado viernes sumaba ocho asesinatos en 2026, los mismos que todo el 2024.
Mientras que en Sabanalarga el listado de muertes se estableció en seis hechos hasta el pasado viernes.
Meses atrás, el profesor e investigador académico Luis Fernando Trejos se refirió al incremento de homicidios en las poblaciones por fuera del área metropolitana de Barranquilla.
“Se está produciendo un efecto de derrame de la violencia hacia la vía oriental y se estaría manifestando en municipios como Palmar de Varela y Sabanagrande, sobre la vía Oriental. Y se han prendido alarmas sobre el incremento del homicidio en municipios como Galapa, Baranoa y Sabanalarga, sobre la Cordialidad”, manifestó.
El pasado mes de febrero, desde Barranquilla, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no se tendría ninguna clase de prebenda para las estructuras delincuenciales ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, que en medio de los diálogos exploratorios de paz habrían liderado una escalada de actos criminales en los dos primeros meses del año, en todo el Atlántico.
En ese momento, Sánchez anunció una importante bolsa de recompensas por información de algunos de los principales cabecillas de las estructuras delincuenciales de Los Pepes, Los Costeños y el Clan del Golfo, revelando por primera vez los alias de otros actores criminales distintos a Palomino y a Castor.
“Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias Carlos Muletas, de Los Costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos. Por alias Riscotilla, segundo cabecilla de Los Costeños, hasta 64 millones de pesos. Por alias Caín, cabecilla visible de Los Pepes, hasta 140 millones de pesos. Por alias Fulvio, de Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Y por alias Tío, del Clan del Golfo, 120 millones de pesos”, apuntó el ministro.
El jefe de cartera señaló además que era “claro el mensaje para toda la región del Atlántico, de Barranquilla, de Soledad, de Malambo, de todos los municipios que estuvieron en este consejo de seguridad. Atlántico no está solo, todo el Estado colombiano está con ellos, toda la fuerza pública está con ellos, y se empleará como sea necesario para que no nos arrebaten el sueño, la libertad, la democracia y la seguridad a la cual tenemos derecho”.
Ahora se sabe que en el caso de Ricostilla, según información que divulgó recientemente la Policía Metropolitana de Barranquilla, este se habría entregado a las autoridades, en medio de un proceso que se manejó confidencialmente.
Y en el caso de alias Fulvio fue citado recientemente en una masacre que se cometió en el barrio Normandía de Soledad, la cual dejó tres víctimas fatales.
La versión que maneja la Fiscalía sobre los actores criminales que estarían detrás de la violencia en las poblaciones del Atlántico hay algunos de los nombres citados, pero existen otros que estarían a punto de descubrir y de ofrecer recompensas por información de sus acciones o sus paraderos.
Esta semana, la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría del Interior, socializó el proyecto del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), una iniciativa que contempla la instalación de 411 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial en 18 municipios que no hacen parte del área metropolitana de Barranquilla.
En medio del encuentro, se explicó la estrategia tecnológica que busca fortalecer la seguridad, optimizar el monitoreo en tiempo real y mejorar la capacidad de reacción de las autoridades en sus territorios.
El sistema incluirá cámaras con reconocimiento de placas para la detección de vehículos robados, dispositivos fijos y equipos con cobertura de 360 grados, lo que permitirá una vigilancia más eficiente en puntos priorizados de cada municipio.
Además, contará con un centro de control principal en el Comando de Policía del Atlántico, en Sabanalarga, y un sistema espejo en el nuevo Centro de Operaciones de Emergencia que se construye en el Cacom 3, en Malambo, garantizando continuidad del servicio y capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.
El secretario del Interior, José Antonio Luque, destacó que este proyecto permitirá integrar esfuerzos entre las autoridades y anticiparse a las dinámicas delictivas.
El funcionario también subrayó que la iniciativa representa un avance significativo en la forma de abordar la seguridad en el territorio.
