Esta semana la ciudad de Barranquilla se tiñó de púrpura ante la magnitud de varios eventos relacionados al 8M, entre esos, la presentación del libro que recoge el histórico caso de Nancy Mestre Vargas: ‘Una lucha contra el olvido’, obra que resalta la lucha contra el feminicidio, la violencia de género y la impunidad de los agresores.
Pero hoy, después de más de 30 años, la historia de Nancy pareciera repetirse. La capital del Atlántico nuevamente enfrenta dramáticos episodios de violencia contra la mujer tras dolorosas muertes de jóvenes, entre estas la de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una joven estudiante del SENA, de tan solo 17 años de edad, perpetrada el pasado 25 de febrero.
En su momento, familiares de la víctima informaron que los hechos habían ocurrido hacia la 1:00 p. m., tiempo en el que la adolescente había arribado hasta su vivienda, ubicada en la calle 51B con carrera 2B, en el barrio Las Américas, en el sur de Barranquilla, tras culminar su jornada de estudios en la sede centro del Sena, donde estudiaba la carrera técnica Desarrollo de Medios Gráficos Visuales.
Jair Orozco, tío de la víctima, explicó que aquella tarde, Luzdaris Maickell entró a la vivienda y saludó a todos sus familiares.
“Ella estaba en la casa con el papá, el hermano y el novio, ya que estaban haciendo una cerca en el patio. En un momento salieron a buscar unos listones de madera y ella se quedó sola. Fue ahí cuando estas personas ingresaron a la vivienda, violentaron la puerta y le hicieron lo que le hicieron a mi sobrina”, narró.
De acuerdo con la información que recibieron por parte de los vecinos, dos sujetos serían los responsables del ataque.
“Los vecinos nos dijeron que fueron dos personas que ingresaron vestidas de gris y que se escucharon cuatro detonaciones, eso es lo único que sabemos”, manifestó.
Para la familia Guerrero, ese horrendo crimen no solo les arrebató para siempre a la sonriente jovencita, sino que también cortó abruptamente sus pasiones: el estudio y el canto.
“A ella le gustaba cantar y cada vez que cantaba enamoraba los corazones de su padre (…) Mi hermano cada vez que la escuchaba cantar se sentía orgulloso de su hija, se alegraba mucho y me decía ‘mira mi hermano, mi hija canta lindo’. El sueño de ella era cantar y estaba estudiando diseño gráfico en el Sena, ella se graduó en diciembre del año pasado y estaba muy contenta.
Su voz, que se escuchaba desde la entrada de la casa hasta el patio, simplemente enmudeció por un supuesto “error” que, días después del crimen, exactamente ocho, reconoció un desconocido tras contactar vía telefónica a Edwin Guerrero, padre de la víctima.
El presunto sicario, ‘conmovido’ por lo sucedido, le ofreció disculpas por el crimen y le explicó que el ataque no era en contra de la joven estudiante, pues ella no era el supuesto objetivo.
“A mi llamaron por el teléfono, que lo sentía mucho (sicario) en el alma, que no era ese el objetivo, la niña no era a la que iban asesinar, fue un error”, fueron las frías palabras que dirigió el padre mientras escuchaba atento por el otro lado de la línea.
Al parecer, los sicarios iban a asesinar a otra persona conocida con el alias de La Mona Veneca, quien, casualmente, sería una mujer de cabello rubio, nativa de Venezuela y que vivía en la parte de atrás de la casa de Luzdaris.
Según los vecinos de la zona, aquella mujer supuestamente era la encargada de guardar drogas y armas que pertenecían a un grupo criminal que tiene injerencia en dicho sector del barrio Las Américas.
Pese al dolor, la familia veló durante dos largas noches el cuerpo sin vida de Luzdaris en su humilde vivienda, para luego repatriarlo a su natal Venezuela, donde le dieron cristiana sepultura.
El padre informó que las autoridades en ningún momento se acercaron hasta donde él para ofrecer detalles sobre los criminales de su hija, ni mucho menos indicios sobre una investigación para dar con su paradero, situación que no cayó del todo bien en el núcleo familiar.
“Le pido a las autoridades que por favor no dejen esto impune, que ya hay bastante violencia, por favor que tomen las acciones correspondientes con las personas que tengan que pagar”, sentenció.
En lo que va del vigente año, al menos 18 mujeres han sido asesinadas de forma violenta en el departamento del Atlántico, incluyendo casos como el doble homicidio de las hermanas Hernández, a quienes hallaron enterradas en un solar de Malambo tras salir a una supuesta fiesta durante la noche del Martes de Carnaval.
A esto debemos sumarle el primer feminicidio registrado en el año, mismo que se perpetró el 1 de marzo en el barrio Pinar del Río, donde María de los Reyes Herrera Ospina, una adulta mayor de 61 años, fue violentamente asesinada a manos de su pareja sentimental en el interior de su vivienda.
Aquel doloroso antesala empañó la conmemoración del 8M en el Atlántico, arrastrando una gruesa lista con los 16 nombres de las demás mujeres que la violencia se llevó: Carmen Andrea Hernández Pérez, de 23 años; Gladys María Reyes Mendoza, de 50; Linda Mireya Ordóñez, de 36; Yuliet Paola Camacho López, de 35; Maryory Magdalena Jiménez Pérez, de 42; Dayana Marcela Morales Meza, de 17; Yainis Paola Contreras Acosta, de 22; Everledis (sin más datos conocidos); Betania María Méndez Machado, de 24; Constanza Isabel Rivera Salas, de 39; Leisis María Silvera Manotas, de 39; Glenis Patricia Rodríguez Ariza, de 18; Luzdary Michelle Guerrero Corro, de 17; Gloria Esther Araujo Varela, de 36; Landrys Johana Yepes Estrada, de 26.
Sin embargo, el conteo se vuelve aún más escabroso y alarmante, esto luego de que la diputada del Atlántico, Alejandra Moreno Astwood, denunciara a través de un comunicado que, al menos, 275 mujeres han sido asesinadas en los últimos cinco años en el Departamento.
“La violencia basada en género no es un fenómeno aislado. Responde a múltiples factores sociales, culturales e institucionales que requieren una respuesta integral del Estado. Por ello resulta indispensable evaluar: La efectividad de las acciones de prevención desarrolladas en el departamento. El funcionamiento real de la ruta de atención para mujeres víctimas de violencia. La capacidad institucional para proteger a mujeres en riesgo de feminicidio. El nivel de coordinación entre las entidades responsables de garantizar estos derechos”, explica Moreno.
Según la diputada, “la problemática refleja un panorama complejo en el que confluyen la violencia ejercida por bandas delincuenciales y las agresiones dentro del hogar asociadas a la violencia intrafamiliar”.
Por su parte, la lideresa social Ruth Pareja advirtió que el inicio de 2026 ha estado marcado por un aumento preocupante en los hechos de violencia contra las mujeres en el Atlántico.
Según indicó, por los casos de mujeres asesinadas y más de diez lesionadas, una cifra que, aunque no siempre es catalogada jurídicamente como feminicidio, evidencia un fenómeno que requiere atención urgente.
Pareja señaló que incluso un solo caso debería generar preocupación institucional, pero las estadísticas actuales muestran una situación desbordada.
“Las cifras de verdad que en los últimos cinco años han sido alarmantes en temas de mujeres. Cuando la agenda de los gobernantes no tiene como prioridad estos temas, definitivamente no va a pasar nada”, afirmó.
Otro aspecto que preocupa a los movimientos sociales es la vinculación de jóvenes a contextos delincuenciales.
Pareja señaló que algunas adolescentes, entre los 14 y 17 años, terminan relacionadas con bandas criminales debido a diferentes factores sociales.
Entre ellos mencionó la precariedad económica, la falta de orientación familiar y las relaciones sentimentales con miembros de estructuras delictivas que terminan influyéndolas.
“No es solamente por complacencia. Muchas jóvenes han sido utilizadas o inducidas por sus parejas que forman parte de estas bandas”, explicó.
Ante esta problemática, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Seccional Atlántico, lideró recientemente una mesa técnica interinstitucional para analizar la situación del reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en la comisión de conductas delictivas, como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes, en Barranquilla Soledad, Malambo y Juan de Acosta (Atlántico).
Durante la jornada, participaron autoridades locales como el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla (MEBAR), el general Miguel Camelo; la defensora regional de la Defensoría del Pueblo en el Atlántico, Carolina Gómez; el procurador regional, Javier Bolaños; el asesor de seguridad de la Alcaldía de Barranquilla, Tahir Rivera; así como Carmen Miranda, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), además de fiscales de URPA, UENNA, CAIVAS y el programa Futuro Colombia.
Las autoridades e instituciones del orden nacional y territorial revisaron las acciones que se vienen adelantando frente a esta problemática, con el fin de fortalecer la articulación institucional en la protección de la niñez y la adolescencia.
Además, se discutieron políticas de prevención, la instalación de la mesa departamental de prevención, la activación de comités técnicos municipales y la implementación de jornadas interinstitucionales en los colegios.
“Las instituciones estamos trabajando de manera articulada para abordar la situación del reclutamiento e instrumentalización de menores de edad y fortalecer la prevención y judicialización de estas conductas”, señaló el director seccional de la Fiscalía en Atlántico, Daniel Gómez Acuña.
