Cinco mil autoridades tradicionales y ancestrales del Pueblo Wayuu manifestaron su exigencia de avances reales en sus territorios durante una gran asamblea realizada en el coliseo San José, municipio Uribia. En el encuentro, entregaron un mandato al Gobierno Nacional con el propósito de transformar la relación institucional y garantizar la ejecución efectiva de sus derechos.
“Exigimos una relación de gobierno a gobierno para pasar de la queja a la ejecución, de la intermediación a la administración directa en manos de las autoridades tradicionales, y de la fragmentación a la gestión integral de nuestro territorio”, expresó Laura Andriolys, coordinadora de la Mesa de Diálogo y Concertación para el Pueblo Wayuu.
Las autoridades señalaron que el mandato busca el cumplimiento de la ley y la implementación efectiva de los derechos autónomos del pueblo Wayuu, resultado de más de 30 años de lucha.
Asimismo, precisaron que no se trata de una decisión exclusiva de la Mesa de Diálogo, sino de un mandato colectivo concertado con más de cinco mil autoridades tradicionales.
Por su parte, la directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, Roquelina Blanco Moscarella, afirmó que el documento será entregado al presidente de la República y destacó la necesidad de escuchar y respetar al pueblo Wayuu.
También hizo un llamado a asumir responsabilidades frente a las problemáticas internas que afectan el avance de los territorios.
El mandato por la autonomía, el territorio y la pervivencia cultural contempla 23 compromisos, entre ellos la implementación plena e inmediata de los sistemas propios ya reconocidos jurídicamente, como el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) y el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), con el fin de pasar de ser receptores de servicios a ejecutores directos de sus sistemas de vida.
Además, se exige la incorporación de un presupuesto anual propio de inversiones y la creación de un sistema de rendición de cuentas dual ante los entes de control estatal -como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación- y ante las asambleas territoriales, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen a las comunidades más dispersas y se debiliten las estructuras de corrupción.
Entre otros puntos, el documento propone la socialización profunda del SEIP y el SISPI en las comunidades, la instalación de mesas técnicas con el ICBF para la atención integral a la primera infancia Wayuu, políticas públicas para fortalecer la agricultura tradicional y la soberanía alimentaria, así como el respeto a la autonomía y los derechos colectivos frente al turismo y los proyectos extractivos de minería y energía.
Las autoridades ancestrales de la Alta Guajira también manifestaron su inconformidad con el proceso de conformación de la zona norte extrema Wuinpumuin y solicitaron una mesa técnica sobre el registro de autoridades tradicionales ante la Dirección de Asuntos Indígenas del ministerio del Interior.
