A más de un mes de su creación, cuatro de los seis nuevos juzgados aprobados para descongestionar la pesada carga judicial de Barranquilla aún no han podido entrar en funcionamiento por falta de recursos del Ministerio de Hacienda.
Así lo manifestó en primicia a una fuente de la Rama Judicial, quien reveló que los despachos fueron creados el 30 de diciembre de 2025. Sin embargo, únicamente dos cuentan hasta ahora con certificado de disponibilidad presupuestal. Se trata de juzgados civiles de pequeñas causas, priorizados por el Consejo Superior de la Judicatura debido a la marcada congestión que registran esos despachos en la ciudad.
Los otros cuatro juzgados, que se dividen en tres penales municipales y uno promiscuo de familia, con competencia en asuntos penales de adolescentes, permanecen a la espera de la liberación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, trámite que debe realizarse a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Según explicó la fuente a , mientras no se asignen los recursos, la Rama Judicial no puede proveer los cargos ni poner en marcha estos despachos que tanto se necesitan.
Aunque los juzgados fueron creados a finales de diciembre, el periodo de vacancia judicial y el reinicio de actividades el 12 de enero marcaron el inicio de la espera formal por los certificados presupuestales. A la fecha, ha transcurrido más de un mes sin que se concrete la asignación completa de los recursos.
En Barranquilla funcionan actualmente alrededor de 50 despachos en la especialidad penal, entre juzgados de control de garantías, juzgados penales municipales, juzgados penales del circuito y cinco juzgados especializados.
Los tres nuevos juzgados penales municipales estaban destinados a fortalecer el nivel que concentra el mayor número de procesos y presenta los mayores índices de congestión.
Estos despachos conocen, entre otros, delitos querellables -aquellos que requieren solicitud de la víctima para iniciar la acción penal-, así como casos de violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, lesiones personales y delitos contra el patrimonio económico en cuantías menores. Se trata de conductas de alto impacto social y que, por tener penas más bajas, enfrentan términos de prescripción más cortos, lo que incrementa la urgencia de su trámite.
Frente a la posibilidad de que la Ley de Garantías pueda obstaculizar la apertura de los nuevos despachos, desde la Rama Judicial se indicó que no existe, en principio, restricción por ese motivo.
Se informó que no hay obligación de contratar o alquilar nuevos locales, escenario en el que sí podrían surgir limitaciones, ya que existen espacios disponibles en el Centro Cívico de Barranquilla que pueden ser dotados para la puesta en funcionamiento de los juzgados.
Por ahora, la activación de los cuatro despachos pendientes depende exclusivamente de que el Ministerio de Hacienda libere los recursos correspondientes. Mientras tanto, la congestión en los juzgados penales municipales continúa siendo uno de los principales retos para la administración de justicia en la ciudad.
