Según denunció la congresista Catherine Juvinao, son 24 personas con supuestos diplomas irregulares que luego resultaron vinculadas como contratistas y funcionarios en 16 entidades del Gobierno de Petro.
Los contratos fueron adjudicados entre 2023 y 2025 y le costaron al país $1.102.094.108, afirmó Juvinao.
«La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos: la primera corresponde a personas que, a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero. En este primer grupo el equipo investigativo de la representante Juvinao identificó seis casos».
Además, en un segundo tipo de irregularidades identificaron personas que obtuvieron su diploma, pero presentaron la Prueba Saber Pro en una fecha posterior al grado. En este grupo se identificaron 18 casos.
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Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: Sena (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2), Invima (2), Ministerio de Transporte (1), Dian (1), Dane (2), SuperServicios (1), Dapre (1), Corporación Aeronáutica Colombiana (1), Aerocivil (2), Ministerio de Salud (1) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1).
Juvinao hizo un llamado al Ministerio de Educación, a la Procuraduría y a la Fiscalía a iniciar las investigaciones respectivas para salvaguardar «la moralidad pública» e «imponer las sanciones que eventualmente correspondan» a la Fundación Universitaria San José, entidades públicas, y funcionarios/contratistas involucrados.
