Pasadas las 12 del mediodía de este viernes 21 de noviembre el juez Primero Promiscuo Municipal de Sitionuevo, Magdalena, ordenó dejar en libertad, pero vinculados a una investigación, a Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del CTI de la Fiscalía en Atlántico, y a Abraham Elías Muñoz Guerra, hijo una funcionaria de la Fiscalía, quienes habían sido capturados a finales del pasado mes de octubre en un caso de supuesta corrupción judicial en este territorio. Por la misma investigación también fue detenido Yarin Ernesto Pareja Marimón, otro funcionario del CTI.
Este medio conoció que el juez no acogió la solicitud de la agencia fiscal encargada del caso y se abstuvo de imponer una medida de aseguramiento en contra de Bula Trujillo y de Muñoz Guerra, pero sí impuso una medida de detención domiciliaria contra Yarin Pareja Marimón por acceso abusivo a sistemas informáticos.
Cabe reseñar que el pasado 27 de octubre se dio a conocer la información sobre los procedimientos de captura adelantados en Barranquilla por uniformados de la Dijín de la Policía Nacional, con los que fueron detenidas las tres personas.
Todos fueron vinculados a una investigación por concusión, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y asociación para cometer delitos contra la administración pública, tras hechos que habrían tenido su origen en julio de 2024.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por los miembros de la Dijín se conoció que los dos funcionarios de la Fiscalía detenidos se habrían valido de sus alcances en la institución para inspeccionar al menos tres procesos judiciales, “utilizado dos órdenes falsas de policía judicial”, amparados en un radicado inexistente.
Con eso, al parecer, el propósito era exigirle al alcalde de Sitionuevo, Magdalena, al menos 140 millones de pesos para no abrir o profundizar en una investigación en su contra.
Es de recordar que otros detalles de este caso no fueron divulgados a los medios de comunicación, pues el juez encargado de las audiencias preliminares decretó que las mismas debían ser privadas por solicitud de la propia Fiscalía y los abogados de los procesados.
