El Tribunal Superior de Cundinamarca ratificó en segunda instancia el fallo de tutela que le da la razón a la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente (CCE), en relación con la suspensión del Acuerdo Marco de Precios de Medicamentos y lo consideró ajustado a la legalidad.
La decisión fue proferida por la Subsección C, que confirma el fallo de primera instancia que ya había proferido el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá.
Se trata de la acción de tutela interpuesta por la empresa ETICOS S.A.S. contra la CCE y otras entidades, con la que se pretendía revivir el acuerdo; frente a esto el tribunal reiteró que no se vulneraron derechos fundamentales.
Al respecto, el director de la Agencia, Cristóbal Padilla, manifestó que en “Colombia Compra Eficiente seguimos en la tarea de desmonopolizar la contratación pública y posibilitar la competencia a través de su democratización de las compras estatales”.
Con esta decisión, el Tribunal respalda la gestión de Colombia Compra Eficiente y ratifica que la suspensión de la suspensión del acuerdo marco de p Acuerdo Marco de Precios de Medicamentos se realizó dentro de los parámetros de la legalidad, reafirmando el compromiso institucional de la entidad con la transparencia, la competencia justa y la democratización del acceso a la contratación pública.
La acción de tutela presentada en septiembre por ETICOS S.A.S. sostenía que la decisión de la Agencia había afectado las operaciones en la Tienda Virtual del Estado y, con ello, a todos los proveedores. Sin embargo, tanto en primera como en segunda instancia, los fallos confirmaron que las medidas adoptadas se ajustaron a la normatividad vigente y se dirigieron exclusivamente a un contratista que incumplió los requisitos del Acuerdo Marco.
El fallo inicial precisó que “la exclusión de dicho contratista fue necesaria para proteger la integridad del proceso y garantizar la legalidad de las adquisiciones, sin que ello implicara una terminación anticipada para la totalidad de los proveedores vinculados”.
De esta manera, la confirmación del tribunal, refuerza el compromiso de la Agencia con un sistema de compras públicas más abierto, equitativo y participativo, en el que todos los proveedores tengan las mismas oportunidades de contribuir al bienestar del país.
