El mayor general Hernando Garzón Rey, quien se desempeñaba como inspector general de las Fuerzas Militares, fue retirado del servicio activo por el presidente Gustavo Petro mediante publicación en X, tras “fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca”.
Garzón Rey interpuso una denuncia ante la Fiscalía en 2023, en la que relató haber sido víctima de extorsión por parte de las disidencias de las Farc. Según su versión, personas vinculadas al frente primero de las disidencias llegaron a su finca en San José del Guaviare para exigir dinero, intimidar a trabajadores y amenazas de muerte si no cumplían la exigencia, misma versión que sostuvo en un diálogo con Blu Radio.
Pocos días después, el general Garzón se comunicó por llamada de WhatsApp con uno de los presuntos extorsionistas, quien le había exigido la suma de cincuenta millones de pesos. “Yo le manifesté que no tenía toda esa plata, pero que iba a tratar de conseguir el dinero, que me diera plazo para vender ganado”, relató el oficial, dijo el exgeneral al medio mencionado.
En su declaración, el general dijo que, ante la presión, terminó entregando dos millones de pesos a un hombre conocido como alias “Martín” para evitar los ataques. También denunció la pérdida de 29 reses, valoradas aproximadamente en 120 millones de pesos, que fueron sustraídas y comercializadas ilegalmente por los extorsionistas.
Las Fuerzas Militares admitieron públicamente que, en cumplimiento del anuncio del presidente, se retiró a Garzón Rey en atención al mandato constitucional, como comandante en jefe, remitiendo las denuncias e indicios al organismo competente para que investigaran lo sucedido.
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En el corto mensaje que dejó el presidente Petro, dejó en el aire la acusación de que el retiro del ahora exgeneral era“por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca”.
La génesis de este problema para general Garzón se dio por la finca Palmira I o Santa María de los Ángeles, ubicada en la vereda Naranjales, en cercanías de San José de Guaviare, y que está registrada a nombre del general retirado desde el pasado 27 de enero de 2012.
Según estableció El Tiempo, registros presentados por el oficial muestra que acudió a la notaría segunda de Villavicencio para firmar la propiedad y dijo haber pagado 3 millones de pesos por el predio rural, que tiene unas 71 hectáreas, equivalente a 710.000 metros cuadrados,según el documento legal.
Si se tiene en cuenta apartamentos de lujo, de unos 200 metros cuadrados, en el espacio de la finca del general cabrían 3.550 propiedades, lo que dimensiona la extensión del terreno.
