El Ministerio de Justicia avaló al Centro de Conciliación APG, convirtiéndolo en el primer y único centro avalado en el municipio para adelantar trámites de insolvencia de persona natural no comerciante y pequeño comerciante. Para inaugurar este servicio se realizará una jornada gratuita de orientación y atención de casos el próximo 25 de septiembre
Con este reconocimiento, Puerto Colombia se suma a la lista de municipios del país donde la justicia rápida y efectiva se abre camino a través de mecanismos ágiles y confiables, amparados en la Ley 2445 de 2025, que permite a las personas reorganizar sus deudas, salvar pequeños negocios y proteger su patrimonio familiar.
“Este aval nos llena de orgullo, pero sobre todo de responsabilidad. La insolvencia no es el fin, es una oportunidad para recomenzar con dignidad y sin miedo. En APG creemos que ninguna familia ni comerciante debe enfrentar sola el peso de las deudas”, aseguró María Mercedes García Perdomo, Directora del Centro de Conciliación APG.
Jornada gratuita para la comunidad
Para dar inicio a este servicio, APG realizará la Jornada Gratuita de Orientación en Insolvencia, el próximo 25 de septiembre de 2025, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en la sede de Puerto Colombia.
Durante la jornada, los asistentes recibirán:
Charlas sobre cómo funciona la Ley 2445 de 2025.
Orientación jurídica personalizada sobre insolvencia.
Material pedagógico sencillo para comprender los beneficios y requisitos.
Un servicio que abarca todos los sectores
El servicio de insolvencia estará disponible para toda la comunidad de Puerto Colombia, incluyendo a pequeños comerciantes y familias en sectores como Villa Campestre, Lagos de Caujaral, Altos de Pradomar, el Corredor Universitario y Altos de Los Rosales, para responder a las necesidades de protección patrimonial y reorganización financiera.
Un paso histórico para Puerto Colombia
Este aval posiciona a Puerto Colombia como pionero en la región Caribe en materia de insolvencia, fortaleciendo la confianza en mecanismos alternativos de justicia y ofreciendo un nuevo horizonte a quienes atraviesan crisis financieras.
Contacto de prensa e inscripciones a la jornada
María Mercedes García Perdomo
3104238917
[email protected]
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¿QUIÉNES PUEDEN ACOGERSE A LA LEY 2445 DE 2025?
Personas naturales no comerciantes: empleados, pensionados, profesionales independientes, amas de casa u otras personas que no ejercen actividades mercantiles de manera habitual.
Pequeños comerciantes: personas naturales que sí ejercen comercio, pero con activos limitados (menos de 1.000 salarios mínimos legales vigentes, excluyendo vivienda familiar y vehículo de trabajo).
Requisitos claves: estar en cesación de pagos (dos o más obligaciones vencidas con dos acreedores diferentes, por más de 90 días, que representen al menos el 30% del pasivo total).
¿Qué beneficios ofrece a los deudores?
Suspende embargos y procesos de cobro desde el inicio del trámite.
Permite negociar deudas con los acreedores (plazos, quitas, reestructuración) en un ambiente controlado y legal.
Protege el patrimonio familiar y del pequeño negocio, evitando perder bienes esenciales mientras se acuerda el pago.
Rapidez y ahorro: el trámite se resuelve en meses, no en años de litigio judicial, y es más económico.
Seguridad jurídica: los acuerdos logrados tienen la misma fuerza que una sentencia judicial.
Segunda oportunidad: ofrece al deudor la posibilidad de recomenzar sin quedar atrapado en las deudas.
Servicios adicionales del Centro de Conciliación APG
Además de los trámites de insolvencia, APG – Alternativas Pacíficas para la Gestión de Conflictos es un centro integral de soluciones jurídicas en conciliación, arbitraje, amigable composición y mediación, avalado por el Ministerio de Justicia. Con más de 100 conciliadores y árbitros especializados en todo el país, APG ofrece procesos confidenciales, jurídicamente seguros y hasta un 70% más ágiles y económicos que acudir a la justicia ordinaria.
APG atiende conflictos en áreas como familia (alimentos, custodia, sucesiones), negocios y patrimonio (contratos, deudas, disputas inmobiliarias), propiedad horizontal (cuotas, zonas comunes, diferencias entre vecinos), casos penales conciliables (lesiones, injuria, calumnia) y protección de la autonomía (acuerdos de apoyo y directivas anticipadas). Todos los procesos tienen la misma fuerza legal que una sentencia judicial y se realizan de forma presencial, virtual o mixta, con sedes en Puerto Colombia, Barranquilla y Bogotá.
